“En las últimas dos semanas, la Procuraduría General del estado Táchira ha recibido, por parte de más de setenta educadores jubilados, un conjunto de reclamaciones, referidas a sus respectivas jubilaciones, quienes reclaman ajustes salariales, como, por ejemplo, cuatro semanas, que no se les pagaron salarios, el bono vacacional, lo cual ha obligado a esta instancia a retomar casos que se consideraban liquidados, por considerar que hubo daños al patrimonio del Táchira”, así lo expuso el procurador general del estado, Julio César Hernández.

En vista de lo planteado, anunció el procurador que su despacho ha iniciado un proceso exhaustivo de revisión de dichos reclamos y  “podemos decir con mucha responsabilidad que los reclamos que hacen algunos maestros jubilados, de 2015 y 2016, tienen asidero legal y eso significaría para el estado Táchira un daño emergente, no previsto, y la Procuraduría, que es el órgano encargado de velar por los intereses patrimoniales del Táchira, ve con preocupación cómo en su momento los reclamos que esos docentes hicieron no fueron atendidos por la anterior administración”.

Explicó que efectúan una “discriminación de los escritos de los docentes, 2015 y 2016, los estamos remitiendo a la Dirección de Educación del estado, para que sea este órgano, como patrono que fue de dichos docente, el que realice los respectivos cálculos económicos de lo que pudiera adeudarse a los jubilados”.

Recordó Hernández que: “La jubilación es una institución que se les otorga a los funcionarios cuando han cumplido el tiempo de carrera útil y tienen la edad; sin embargo, no puede ser utilizada como marketing político, es decir, solamente para ganarse unos cuantos votos, porque produce consecuencias como las que estamos confrontando ahora, y en los próximos días, cuando la Dirección de Educación tenga definido el monto de los reclamos que son procedentes, lo daremos a conocer y acudiremos a los órganos competentes a denunciar daños al patrimonio”.

Leidy Zafra