La Red Justicia y Libertad de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y los Andes (Fundehullan), presentó su informe trimestral en la vulneración y violación a los derechos humanos, siendo la criminalización a la sociedad civil el factor predominante por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela.
Favio Hernández
En el resaltan la supuesta violación a la libertad de expresión que los venezolanos tienen, responsabilizando directamente al Estado.
Sostienen que dicho acto se efectúa a través de los organismos de seguridad del país, los cuales inciden de manera directa en la ciudadanía, opinó así Luis Montilla, integrante de esta organización.
Fundehullan ve con preocupación los resultados de la documentación, aseverando que prevalece la «estigmatización» contra las ONG, fundaciones, gremios y sindicatos, como un patrón reincidente y continuo.
Libertad de expresión
Otro aspecto que señalaron fue el aparente cercenamiento a la libertad de expresión.
Mencionan que la libertad de expresión en la Nación se encuentra «limitada», por lo que dirigen su enfoque directamente a los medios de comunicación.
Comentan que estos ataques afectan el desempeño de los medios de comunicación y periodistas, así como también el derecho de la población venezolana a mantenerse oportunamente informada.
«En el monitoreo e investigaciones por parte del equipo desplegado por la Red Justicia y Libertad, en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, de la región llanera y los Andes: Mérida, Táchira y Trujillo, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero, dio como resultado dos estigmatizaciones a ONG y miembros de la sociedad civil, 13 detenciones arbitrarias, tres ataques contra la integridad física, 16 ataques contra la libertad de expresión (intimidación a periodistas), tres ataques a la libertad de prensa (cierre arbitrario de emisoras de radio y confiscación de equipos) y siete programas de radios cerrados de forma arbitraria», reflejaron.
Ataques directos
De hecho, la institución denunció hacer sido objeto de ataques de manera directa, los cuales, aparentemente, se registraron en enero del presente año
Aseguran que a través de un tuit se desprestigió y descalificó la labor que desempeña el equipo de Fundehullan en la región de los llanos y Andes de Venezuela.
«Es más evidente la política de criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sus instituciones. El Estado venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región de los llanos y Andes, incumpliendo los estándares y obligaciones internacionales que están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras, como parte de la obligación de proteger los derechos humanos», apuntó Montilva.