Con la captura de los dos presuntos responsables, el Cicpc esclareció policialmente el homicidio de un vigilante sexagenario, cuyo cadáver, con traumatismos en la cabeza y signos de estrangulamiento, fue localizado en enero pasado, en su casa del barrio San Sebastián, sector Rómulo Gallegos.
José Jaime Ramírez, de 68 años de edad, fue asesinado el 24 de enero. Un vecino suyo, extrañado de que no respondiera a la puerta, optó por irrumpir en la casa, hallándolo sin vida, en un charco de sangre.
A Ramírez lo golpearon con una piedra y le ataron al cuello un trozo de tela, para provocarle la muerte por asfixia mecánica.
Del caso se encargó el Cicpc San Cristóbal; por ello, comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de esa delegación municipal conformaron un equipo multidisciplinario que logró esclarecer lo ocurrido.
Al realizar investigaciones de campo y análisis de trazas telefónicas, incluso el perfil de la víctima, se logró establecer que los responsables del atroz crimen fueron J. C. Gutiérrez, de 42 años de edad, y G. J. Cuartas, también de 42 años de edad.
Ambos, valiéndose de la amistad íntima que tenían con la víctima, acordaron un encuentro en su casa y, en un momento de descuido, sometieron al sexagenario, lo estrangularon con trozo de tela y luego le propinaron múltiples golpes con una piedra, hasta causarle la muerte.
El propósito del crimen fue el robo, de acuerdo a lo que determinaron las investigaciones. De hecho, lo despojaron de dinero en efectivo, su teléfono celular, una pulidora, un taladro, llaves de tubo y destornilladores, los cuales posteriormente comercializaron.
Una vez se reconstruyó el hecho y se determinó la responsabilidad jurídica de los dos hombres, se conformó una comisión que se trasladó hasta el parque recreacional ubicado en la avenida Marginal del Torbes, municipio San Cristóbal, donde esta logró recuperar el teléfono celular propiedad de la víctima.
Cuartas, uno de los detenidos, tenía un requerimiento judicial por el Juzgado Segundo del Control del estado Táchira. En 2007 fue sentenciado a una pena de 5 años, 10 meses y 15 días de prisión, por los delitos de posesión de drogas y robo leve (arrebatón); posteriormente le fue conmutada la pena.
(Miriam Bustos)