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Este jueves, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, además de alertar sobre la presencia de actores armados y grupos criminales que han aumentado la violencia en la frontera con Colombia, entre otros temas, expresó su preocupación por la situación del tachirense Javier Tarazona, director de FundaRedes, y de otros dos activistas de la ONG.
“Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos FundaRedes. Su director, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse”, comentó Bachelet, al presentar la actualización oral del informe sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela.
También alertó que, desde septiembre del año pasado, su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluyendo criminalización y estigmatización de activistas y medios de comunicación.
Advirtió que su oficina continúa evidenciando “desafíos” al debido proceso, incluyendo el derecho a la libertad y a juicios sin demoras en Venezuela.
“De los casos decididos por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, 12 personas siguen detenidas. Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad y deben respetarse las garantías al debido proceso”, dijo.
Al instar “fuertemente” a las autoridades a construir un “entorno seguro e inclusivo” para todos los venezolanos, resaltó que, desde septiembre, su oficina ha documentado el cierre de ocho estaciones y programas de radio, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), instancia del Estado que regula el área.
“Además se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas”, expuso al reiterar su preocupación por la falta de disponibilidad de información pública.
La Alta Comisionada afirmó que, desde la presentación de su informe en septiembre del 2021, han evidenciado, por parte del Estado venezolano, “iniciativas” de reforma que “abren oportunidades para la implementación de recomendaciones de derechos humanos”.
Si bien la funcionaria observó que agentes estatales han sido condenados por al menos tres “casos emblemáticos” y lo calificó como “pasos en la dirección correcta”, advirtió que “aún queda mucho más por hacer”.
“La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la policía nacional son pasos prometedores. En particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales”, expuso.
En el caso de Tarazona y los dos activistas, estos últimos bajo medida sustitutiva de libertad, el 2 de marzo cumplió 8 meses tras las rejas, pese a que su estado de salud se ha ido deteriorando con el paso de los días. (MB)
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