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Política
“Gobierno y Fiscalía siguen encubriendo crímenes del Alto Apure, a un año de lo ocurrido”
25 de marzo de 2022
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El historiador, políticos tachirense y defensor de DD.HH., Walter Márquez Rondón, afirmó que el 21 de marzo de 2022 se cumple un año de haberse iniciado el conflicto armado entre la disidencia de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la Fuerza Armada Nacional venezolana (FAN), en los alrededores de La Victoria, en el Alto Apure, frontera con el Arauca colombiano, a raíz del cual se cometieron violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo la masacre de El Ripial, ocurrida el 25 de marzo de 2021, en la que fueron ejecutados 5 prisioneros civiles, y la masacre de La Capilla, el 23 de abril de 2021, en la que una célula de los irregulares colombianos masacró a 8 miembros y causó heridas a 7 integrantes del Cuerpo Élite de la Fuerza Armada Nacional.
Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, organización no gubernamental especializada en la defensa de derechos humanos en Venezuela y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), y quien ha asumido de primera mano la defensa de algunas víctimas de este conflicto ocurrido en el suroeste de Venezuela, destacó que el conflicto armado generó también el desplazamiento forzoso de más de 6 mil personas a Arauquita y Arauca, en Colombia, detenciones arbitrarias de 31 prisioneros civiles, bombardeos indiscriminados, saqueos, pillajes, quema de viviendas y fincas, allanamientos ilegales a templos y también la migración forzosa de sacerdotes y pastores católicos y cristianos, “hechos y crímenes que han quedado totalmente encubiertos por parte del régimen de Nicolás Maduro y la Fiscalía General de la República”.
Sostiene Márquez que “a un año de estos sucesos, el balance compromete la responsabilidad internacional del régimen de Maduro y el Ministerio Público en Venezuela, en virtud de que la única investigación que ordenó la Fiscalía, el 26 de marzo, fue la de la masacre de El Ripial, para la cual se nombraron dos fiscales nacionales y unos expertos en la materia, pero además de no haber ido al lugar ni citado a ningún testigo presencial ni a familiar de víctimas, el expediente fue trasladado inmediatamente a la Fiscalía 62ª en Caracas, donde está archivado, y al cual no han tenido acceso los abogados de los familiares de las víctimas; además debió haberse ordenado la investigación en Guasdualito, en cuya jurisdicción ocurrieron esos crímenes de lesa humanidad”.
Compromisos incumplidos
Indicó Walter Márquez que a pesar de las reiteradas solicitudes de investigación que ha realizado, tanto al fiscal general de la República, como a la Fiscalía de San Fernando de Apure y Guasdualito, hasta la fecha no adelantaron ninguna investigación, lo cual contraviene no solo el acuerdo de cooperación firmado con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y Nicolás Maduro, el 3 de noviembre del año pasado, en Miraflores, sino que se incumplieron los compromisos adquiridos con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet, quien se hizo eco de los acontecimientos ocurridos en el Alto Apure, especialmente de la masacre de El Ripial.
“También irrespeta las reformas judiciales que ha adelantado el gobierno, incluyendo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 17 de septiembre del año pasado, el cual establece un lapso de 6 meses para concluir una investigación, lo cual no solo no ha ocurrido, sino que el caso está absolutamente paralizado y el régimen sigue encubriendo los hechos criminales del Alto Apure”, expresó.
Ratificó Walter Márquez que el desplazamiento forzoso de más de 6 mil personas hacia Arauquita y Arauca, la detención arbitraria e ilegal de 31 prisioneros, quienes en su mayoría fueron torturados, de los cuales 19 siguen presos en la cárcel de Santa Ana del Táchira por orden inicial del tribunal militar de Guasdualito y ahora el tribunal ordinario de Guasdualito, quien tiene paralizado el juicio; además del encubrimiento de la masacre de El Ripial, donde fueron ejecutados 5 civiles, y la masacre de La Capilla, donde fueron acribillados 8 miembros del cuerpo élite del ejército venezolano, son hechos que demuestran el engaño al que ha sometido el régimen y el Ministerio Público al pueblo venezolano y la comunidad internacional, hablándoles de justicia, celeridad procesal y reformas judiciales, cuando el caso de El Alto Apure demuestra totalmente esa falsedad.
Manifestó el presidente de la Fundación El Amparo que la denegación de justicia en Venezuela, con los hechos ocurridos el año pasado en el Alto Apure, obliga a su fundación y a otras organizaciones como Provea a acudir a instancias internacionales, con el fin de buscar la aplicación de justicia y la reparación de las víctimas en este caso, por lo que han estado trabajando en la documentación y redacción de solicitudes a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y también a la Misión Internacional Independiente de Verificación de los hechos de Naciones Unidas, porque “a un año del conflicto armado en El Ato Apure se confirma la falta del debido proceso en este y otros casos en Venezuela, y el encubrimiento de los crímenes atroces cometidos en el enfrentamiento armado del pasado año”. (Prensa Walter Márquez)
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