Es consciente que no pertenece a una línea constituida, pero recalca que su trabajo es honesto

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Jonathan Maldonado

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Ricardo García no le teme al término “pirata” que usan para calificar su trabajo, pero sí a la estigmatización que se ha generado en torno a quienes prestan el servicio de transporte informal.

García, de 32 años, tiene más de dos años en este oficio. Empezó antes de la pandemia y, tras la llegada del virus, se vio algo maniatado, pues no tuvo muchas opciones. Los últimos ocho meses los ha trabajado de manera ininterrumpida, pero con los matices que representa ejercer un oficio desde lo informal.

Este ciudadano, quien reside en Táriba, lamenta que las autoridades usen el término de mafias para expresarse de la mayoría. “Nosotros hacemos un trabajo honesto, siendo conscientes que no pertenecemos a ninguna línea legalmente constituida”, apuntó.

García tiene un carro pequeño, dos puertas. Allí se las ingenia para cargar a sus clientes. “Ofrezco el servicio por mi estado de WhatsApp y a través de amigos y los propios clientes, que quedan satisfechos y lo van recomendando a uno”, prosiguió.

Las más recientes acciones de las autoridades locales y regionales en contra de la piratería avivaron la zozobra en él. “Me da miedo que me retengan el carro”, subrayó quien busca a la mayoría de clientes en sus casas.

“Hay personas que pagan la carrera completa, para ir más cómodas; pero no es lo común. Los más frecuentes son los que pagan por el puesto. A ellos se les cobra entre 20 y 25 mil pesos. Todo depende del lugar donde esté su casa; si es en Táriba, vale 20, pero si es en Palmira, El Junco o Palo Gordo, aumenta 5 mil pesos”, acotó.

Entre sus clientes, aseguró, hay varios pacientes oncológicos que requieren acudir a la frontera para ir al vecino país a aplicarse las quimioterapias. “Uno los ayuda a pasar, los guía y los espera para subirlos nuevamente”, señaló.

Familia

Este oficio le permite a García llevar el sustento a su hogar, constituido por él, su esposa, un hijo y un hijastro. “También hago carreras en San Cristóbal”, soltó, al tiempo que hizo hincapié en que la situación del país no da para muchas alternativas.

Al igual que García, son muchas las personas que hacen lo mismo en el estado Táchira, razón por la que está dispuesto a reunirse con las autoridades para ver cómo pueden ser incluidos en líneas legalmente constituidas, que les den el aval para seguir laborando.

“Es complicado trabajar en el transporte pirata, pues, aunque es un trabajo honesto, nos están señalando y calificando de mafias, y no es así, solo estamos llevando el sustento a nuestros hogares”, puntualizó.

El tema de la gasolina es otro asunto que preocupa. Para abastecerse con 40 litros debe tener a la mano 80.000 pesos o 20 dólares, una cifra que no es tan fácil de ganar.

La alternativa de migrar no ha sido esquiva para el joven. “La he retrasado por mi familia, mi hijo, no quiero dejarlos. Pero llegado el caso de tener que irme, cuento con amigos y familiares afuera”, manifestó.

A los pasajeros que baja o sube de la frontera no los recoge cerca del terminal, ni de la aduana principal de San Antonio del Táchira; la mayoría son pautados el día anterior, y los busca en la puerta de sus hogares.

“Esperamos que las autoridades también piensen en nosotros, que nos llamen a hablar y buscar una alternativa para nosotros”, dijo a modo de colofón.