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Mujeres sin leyes: derechos sexuales y reproductivos no son garantizados

20 de abril de 2022

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Las mujeres siguen reclamando sus derechos. /Arte Paloma Lacruz

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres venezolanas se hallan reconocidos en distintos instrumentos legales del país, pero su existencia en el papel no es sinónimo de garantías. Así, capturadas por un territorio sumido en el retroceso social, la libertad de las féminas sobre su cuerpo y salud se diluye en una espiral dramática.

Con esta cobertura, Mujeres Constructoras de Paz hace un recorrido por la vulneración de los derechos en materia de salud de las ciudadanas venezolanas, bajo la luz de especialistas en el área, junto a organizaciones feministas.

Fatales consecuencias enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres en la actualidad, pues el inclemente azote de la crisis instalada en la nación caribeña rezagó al olvido sus urgencias. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la escasez de anticonceptivos en Venezuela alcanza el 80 % y las muchachas entre 15 y 19 años son blancos de embarazos precoces.

Las cifras son afianzadas por el informe ENCOVI (Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida), elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, en donde recalcan que el riesgo de ser madres adolescentes crece a medida que la adolescencia avanza, siendo los 19 años la edad promedio en que una joven debuta como madre.

Si bien la red pública de salud distribuye anticonceptivos en los diferentes centros de salud del territorio, como parte del convenio entre el Ministerio de Salud y el UNFPA en el marco del plan de respuesta humanitaria, la información sobre el acceso gratuito a métodos anticonceptivos no es de dominio público.

La regularidad de la dotación tampoco está asegurada, por lo tanto, la ausencia de campañas informativas sobre disponibilidad y entrega de anticonceptivos, más la escasez de los mismos, reduce las opciones para impedir un embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Más de una década atrás, la mayoría de las venezolanas podía adquirir el método anticonceptivo de su preferencia, pero esa posibilidad llegó a su fin con el desabastecimiento, mientras las jóvenes son víctimas de la criminalización o el prejuicio si compran esta clase de medicación”, expone Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA).

Mujeres fuera de foco

Una emergencia más se suma a la crítica realidad: las leyes de salud pública en Venezuela carecen de perspectiva de género, es decir, permanecen desprovistas de una visión exclusiva orientada al tratamiento de las mujeres.

El valor de posicionar a las féminas en el centro de las legislaciones sobre salud, reproducción y sexualidad radica en consolidar como fundamental la protección de sus necesidades específicas. Asimismo, busca reconocer que la condición biológica no es el único determinante en la atención médica, también depende de otros elementos, siendo el género uno de los más importantes.

Cuando no gozan de tales derechos, el proyecto de vida de las mujeres resulta alterado. Al encontrarse privadas de elegir si desean ser madres o no, cuántos hijos planean y cuándo prefieren concebirlos, sus planes a futuro y oportunidades potenciales de aprender un oficio o nutrir su desarrollo profesional terminan cercenados.

De hecho, apenas el 8 % de las madres adolescentes concilian la maternidad y los estudios, una consecuencia directamente proporcional a la maternidad temprana, plantea ENCOVI 2021.

León explica que dicha situación “no afecta de igual modo a los hombres, en tanto el embarazo no ocurre en sus cuerpos. Además, percibir a las mujeres como las únicas con el deber de cuidar el hogar perpetúa una cultura y estereotipo capaces de impactar en su salud”.

El Estado les falla

La ausencia de educación integral sobre sexualidad, el poco o nulo acceso a los servicios de salud, métodos anticonceptivos, exámenes médicos femeninos, tratamientos retrovirales para las mujeres gestantes a fin de prevenir la transmisión vertical y otras deficiencias son manifestaciones de la vulneración a la mujer.

La ONG feminista AVESA destaca entre sus objetivos la reforma a la Ley Orgánica de la Salud con el propósito de incorporar perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos, explica León.

Frente a una posible reestructuración de la legislación, la también psicóloga clínica, destaca cuatro puntos álgidos a tomar en cuenta: las mujeres pueden ser discriminadas -además por su género- por su condición socioeconómica, discapacidades y raza. Por lo tanto, “la salud debe ser entendida como proceso y no como resultado” en el cual inciden tal clase de factores.

El segundo aspecto es la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos a un capítulo concreto de la ley, pues se encuentran diseminados en diversos artículos de distintas legislaciones, pero, hasta el momento, no se hallan como bloque o conjunto.

Bajo la insignia #SaludParaTodas, la organización persigue incluir en la reforma el acceso y gestión de insumos menstruales (toallas sanitarias, tampones, copa menstrual y medicamentos referentes) con el objetivo de que también sean contemplados como fármacos esenciales.

En Venezuela, el paquete de toallas sanitarias cuesta alrededor de un dólar y, aunque parezca poco, para el 76 % de la población es inalcanzable debido a la pobreza extrema, tabulada por el informe ENCOVI.

La no instrumentalización de la anatomía femenina es la siguiente meta. Establecer la diferencia entre el aprendizaje y la práctica médica de la utilización de los cuerpos a fin de prohibir que con una mujer en proceso de parto -por ejemplo- varios estudiantes de medicina aprendan a efectuar tactos, pues constituye un tipo de abuso.

Por último, a juicio de León, es igualmente de suma importancia que los programas de salud contemplen la preparación de médicos, enfermeros y demás personal hospitalario en temas de violencia de género contra las mujeres.

La desinformación general respecto a los tópicos mencionados es ocasionada de manera directa por el cerco informativo gubernamental, quien es el responsable de proveer insumos y datos para el desarrollo pleno de prácticas sexuales y reproductivas responsables.

Estos ejemplos de violación a los derechos de salud sexual y reproductiva de las venezolanas ocurren ante la inoperatividad del gobierno al ignorar el diseño e implementación de políticas públicas consistentes, con presupuesto asignado, monitoreo y supervisión en coordinación con las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. (Astrid Anselmi y Génesis Prada)