Sucesos

“Han pasado 18 años y la muerte de mi hijo sigue en la impunidad”

15 de marzo de 2023

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El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2005. El adolescente falleció tras ser presuntamente atacado por un grupo de militares, en un sector de El Nula, en el municipio Páez del estado Apure, cuando trasladaba 75 litros de leche a una quesera, en la camioneta de la familia. Ocho uniformados fueron imputados, pero tras dos años de juicio, los dejaron en libertad

Raúl Márquez

Eran, aproximadamente, las nueve de la mañana del domingo 13 de marzo de 2005. Como era habitual, tras las labores de ordeño y otras actividades propias del campo, ejecutadas en la finca «Los Naranjos», propiedad de su familia, el adolescente de 14 años de edad Daniel Alfonso Neira Sandoval –mejillas sonrojadas, mirada vivaz- siguiendo las instrucciones de su padre, acomodó en la tolva de la camioneta F-100 los cántaros con el producto lácteo del día.

Se trataba de 75 litros en total, los cuales trasladaría a una quesera llamada «Lácteos La Chiricoa», ubicada a unos tres kilómetros del lugar. Abordó el automotor, lo encendió, y se despidió de su progenitor. Sus manos dibujaron un adiós que jamás volvería a repetirse.

Minutos después, en las proximidades de la transversal del sector Santa Inés, en la vía a La Chiricoa, cerca de El Nula, parroquia San Camilo del municipio Páez del estado Apure, un piquete de funcionarios militares estaba apostado.

Según un testigo, tenían a un motorizado encañonado, pues el movimiento castrense respondía a un presunto intento de plagio que se registraba en una finca del sector.

A lo lejos, Daniel Alfonso avistó la escena. Al parecer, invadido por el pánico, se detuvo de golpe. Giró de inmediato la camioneta en “U”, con el fin de retomar a su punto de partida, sin imaginar que sería perseguido por los uniformados, los cuales abordaron dos vehículos Convoy, marca Iveco, placas 0336 y 0373, así como una camioneta perteneciente a la familia de la persona que habría recibido la amenaza de secuestro.

Trascendió, que en medio de la persecución, los militares sacaron sus armas de reglamento y, de manera indiscriminada, comenzaron a dispararle. De pronto, Daniel frenó, bruscamente, frente a la bodega de sus abuelos llamada «Los Cuchos», ubicada a pocos minutos de la unidad de producción familiar.

Los uniformados, de igual modo, se hicieron presentes en el humilde local. Según se dijo, irrumpieron de manera violenta, gritando improperios, empujando y encañonando a los abuelos del adolescente, a una tía y al esposo de ella.

En medio de los empellones y gritos, los uniformados subieron a Daniel en la camioneta que participó en la persecución. La tía de este logró llegar al vehículo, encontrando al adolescente muy malherido y convulsionando. Entre gritos de auxilio y ruegos pidió que lo llevaran al hospital.

De este modo, lo trasladaron a un centro asistencial de El Nula. Tras recibir las primeras atenciones sanitarias, fue remitido al Hospital Central de San Cristóbal.

Los galenos del primer centro asistencial del Táchira no pudieron salvarle la vida, pues el proyectil –con orificio de entrada por la espalda- causó daños irreversibles en órganos vitales del menor.

Según la autopsia de ley, se determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico segundario a hemorragia externa masiva. No obstante, tiempo después, tras la exhumación del cadáver, se estableció que una esquirla de bala fue la causante de su deceso, al impactar la cabeza.

Las pesquisas

A pocas horas de lo ocurrido, algunos medios de comunicación informaron que se había registrado un enfrentamiento entre los militares y un supuesto grupo de irregulares, quienes se trasladaban en la camioneta pick-up, color azul y blanco, identificada con las placas 930-IAA, año 1978.

Pero las declaraciones de los familiares de la víctima fueron disipando esta primera e inexacta versión y todo apuntaba a la presunta culpabilidad de los uniformados, quienes habrían actuado de manera desproporcionada. De hecho, la experticia de trayectoria balística fue concluyente, estableciendo que cinco proyectiles impactaron la camioneta donde se transportaba Daniel Alfonso.

Imputados

Tras las primeras investigaciones, ocho militares fueron implicados en el hecho, pasando a órdenes del Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal Militar del estado Apure.

Poco después, tras dirimirse el hecho de que no se trataba de delitos perpetrados por los efectivos contra el estamento militar, sino contra un civil, en octubre de 2005, la sala de casación penal declara como competente al Juzgado de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal de Guasdualito para que se hiciera cargo del caso.

A un año del hecho, habitantes de El Nula y compañeros del adolescente marcharon por las principales calles de la citada población altoapureña, con pañuelos blancos y pancartas, exigiendo justicia.

En marzo de 2007, el Mayor del Ejército W. A. Vargas P.; el teniente E. A, Araujo; el subteniente C. A. Aquino L.; el sargento técnico de segunda P. J. Peralta; así como los otros funcionarios del Ejército J. C. Gamboa, J. Varela y E. Villegas, junto con el GNB F. Ramírez, fueron imputados por lo cargos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva y simulación de hecho punible.

Durante el proceso, el padre de la víctima, Daniel Neira Castro, junto con la ONG “Red de apoyo por la justicia y la paz” denunciaron presuntas irregularidades. Además pidieron la radicación del caso en San Cristóbal, puesto que la capital tachirense quedaba más cerca de El Nula que Guasdualito. En 2010 la petición fue aprobada y la causa es remitida al Circuito Judicial del Táchira.

A finales del año 2011, se inició el juicio formal que duraría casi dos años. Los familiares de Daniel esperaban que se dictaminara la culpabilidad de los imputados, pero esto no fue así. La absolución de los presuntos autores de la muerte del estudiante de Fe y Alegría, los dejó desolados.

Casi dos décadas después de esa aciaga mañana, Daniel Neira Castro, con voz pausada, no se explica por qué el hecho quedó en la impunidad, si entonces consignaron más de 80 pruebas.

—A 18 años de aquella terrible mañana, nuestro hijo sigue en nuestros recuerdos: cada día, cada hora, a cada instante. Para nosotros, su familia, es como si hubiese sido ayer. Es difícil pero ahí vamos bregando, sufriendo el peor dolor, en un caso donde sigue reinando la impunidad—, comenta Neira Castro.