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Nacional
Presos tres jueces, dos militares y un alcalde en operativos contra la corrupción en el país
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Más nombres se siguen sumando a la lista de detenidos en el contexto del Operativo contra la Corrupción ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro: tres jueces, un superintendente, dos militares y un alcalde, fueron detenidos la noche de este viernes por presunta corrupción. Los casos han sido confirmados por directivos del PSUV
La Policía Nacional Anticorrupción del gobierno de Nicolás Maduro le solicitó al Ministerio Público, a través de un comunicado, el pasado viernes 17 de marzo, un encauzamiento judicial a una serie de “individuos vinculados al Poder Judicial, PDVSA y alcaldías”, todos funcionarios en ejercicio, varios de ellos ligados a personalidades del Gobierno nacional.
Apuntaron que los funcionarios “violaron el sagrado juramento de honestidad, moral y ética”.
“Tenemos la instrucción expresa de que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y no nos detendremos en el sagrado deber de enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales”, agregaron en la misiva.
Uno de los primeros detenidos fue Joselit Ramírez, quien además de dirigir la Superintendencia Nacional de Criptoactivos era el director del despacho de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleos. Por él, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció el lunes 13 de marzo una recompensa de cinco millones de dólares para dar con su paradero.
Además, dos importantes jueces fueron arrestados: el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, y el juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García.
Cornieles Perret fue juramentado el 29 de octubre de 2022 como juez de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la magistrada Gladys Gutiérrez, mientras que Márquez García ha sido uno de los principales responsables de la persecución política durante los últimos años en el país.
Se suman a la lista dos militares vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA). También fueron arrestados el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos.
Otro de los detenidos por las investigaciones del gobierno de Nicolás Maduro, fue el alcalde chavista de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, “por estar ligado a bandas criminales y permitir que líderes como El Koki se refugiaran en la zona montañosa al amparo de bandas locales como la de El Conejo”, aseguran las autoridades.
Diputados podrían estar implicados
Diputados de la Asamblea Nacional chavista también podrían estar involucrados en esta lista. De acuerdo a información extraoficial, entre los parlamentarios detenidos se encuentra Hugbel Roa, exministro de Educación Universitaria, cercano al círculo de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. Según la información que se maneja, a Roa y otros parlamentarios involucrados con hechos de corrupción relacionados con PDVSA se les procederá a allanar la inmunidad parlamentaria esta semana.
Maduro y cambios en Sunacrip
El presidente Nicolás Maduro ordenó la reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), instancia desde la cual se oferta el petro, moneda digital venezolana sustentada en petróleo y minerales.
El decreto de reestructuración, signado con el número 4.788, tiene fecha del 17 de marzo, día en el que se produce la captura de Joselit Ramírez, jefe de la Sunacrip, quien está presuntamente incurso en hechos de corrupción.
En razón de ello, Maduro designó una junta reestructuradora de la Sunacrip presidida por Anabel Pereira Fernández y tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez.
Como directores suplentes se designan a Pavel Javier García Sandoval, Ramón Daniel Maniglia Darwich, Carlos Eloy Pirela Méndez, Larry Daniel Davoe Márquez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño.
El Ejecutivo argumentó que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas a su disposición “para proteger al pueblo venezolano de los efectos negativos de la agresión multiforme que se desarrolla contra el país”. (Cortesía/La Patilla/El Nacional/Globovisión)
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