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“Eliminando las prestaciones sociales se puede recuperar el salario mínimo”

4 de abril de 2023

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Freddy Omar Durán

En tiempos en que las condiciones laborales del trabajador venezolano viven su peor momento, toda propuesta que venga desde especialistas que han estudiado a profundidad el fenómeno, merece ser tomada en cuenta.

Desde el título del más reciente libro del profesor y experto José Leonardo Carmona García “Eliminar las prestaciones sociales para recuperar el salario y la seguridad de los trabajadores de Venezuela”, sabemos que recorrer sus páginas nos va nutrir de la historia de una parte del derecho laboral de Venezuela, en especial, de una prerrogativa contemplada por la legislación venezolana para el trabajador, hoy en día reducida a su mínima expresión, por no decir, a la nada.

Cinco años le tomó a Carmona García completar este estudio que a partido de una visión retrospectiva de las prestaciones sociales en Venezuela, y de las consecuencias que han traído figuras legales similares en otras partes del mundo, donde ha sido obligatorio su replanteamiento.

En la Universidad Católica del Táchira se llevó a cabo la presentación de esta novedosa propuesta, siendo su autor catedrático de la misma, con 15 años de juez laboral en ejercicio, y estudios de postgrado en la UCV y la UCAB sobre el tema.

Precisamente, durante la presentación del libro, el doctor Jaime Martínez, eminencia en Venezuela en los asuntos laborales, elogió el logro académico, y la profunda curiosidad y rigor investigativo que lo produjo

–Este libro viene en un momento donde las prestaciones sociales han perdido toda importancia, pues en un tiempo ellas representaban un capital para los trabajadores, con el cual pudieron comprar su vivienda o la modificarla, o pagaron los estudios: hoy en día eso es absolutamente imposible. Este libro es un análisis inteligente, un análisis serio y profundo y capaz de generar debate—expuso Martínez a los presentes.

Pero Carmona García, no quiere que su libro sea solo una consulta universitaria para estudiantes de carreras relacionadas con el asunto, pues lo considera de urgente consulta en la situación de un país, que ostenta records negativos mundiales, referidos a la retribución a la clase trabajadora por su aporte a la productividad nacional.

–Tenemos el salario mínimo más bajo del mundo, por niveles que la OIT considera propios de países en pobreza extrema, pues está muy por debajo del piso establecido de 60 dólares mensuales, frente a los 6 dólares que se gana en Venezuela. Todos los países debieran preocuparse por un sistema de seguridad social fuerte robusto que le garantice a la persona de la tercera edad, luego de que han cumplido una vida laboral de 40 años, una pensión que les garantice la comida y la salud. Esa situación fue la motivación fundamental de este libro—explicaría Carmona García.

Nos recordó Carmona García, que el sistema de prestaciones sociales, tal y como lo conocemos hoy en día, fue decretado por el presidente Carlos Andrés Pérez, por los años 1974, y que la bonanza petrolera enmascararía de alguna manera sus graves debilidades por algunos años, incluso luego del Viernes Negro. La crisis posterior al Caracazo obligó durante el segundo periodo de Rafael Caldera, a un profundo replanteamiento de las prestaciones sociales, algo que el autor del libro considera ha sido injustamente satanizado por los ideólogos económicos del actual gobierno.

— En el gobierno de Rafael Caldera, especialista en derecho laboral, se instala una comisión para la reforma del sistema de prestaciones sociales y seguridad laboral, porque él estaba consciente de la gravedad de esa problemática. Esa comisión conduce a un acuerdo tripartito, que durante 22 años ha sido satanizado por el gobierno actual, aunque ese acuerdo dio estabilidad a Venezuela, los ingresos laborales se aumentaron, se controló la inflación; los salarios mínimos en Venezuela oscilaron entre 1997 y 2012, entre 150 y 200 dólares.

Expuso que en 2012 se revertirían las cosas volviendo a una situación similar a como las establecería Carlos Andrés Pérez par 1974, y desde entonces vendría una escala casi bimensual de los salarios mínimos, que sería acompañada de hiperinflación a niveles nunca vistos en la historia nacional.

–Hoy en día, en el año 2023, la situación es bien compleja, y nadie habla de eso, pareciera que ese problema no existiera, los políticos venezolanos guardan silencio con relación a temas como las prestaciones sociales, quizá por el costo político que les pudiera generar a ellos.

En su concepto, las experiencias en otros países enseñan el vínculo entre inflación y prestaciones sociales, término que debe ser entendido como el dinero adicional al salario en reconocimiento a su antigüedad y utilidad dentro de una unidad económica. Tal y como se aplican en Venezuela, subraya en la actualidad ese sistema no tiene parangón global.

–Ese derecho no existe en ningún país del mundo, ni un sistema como el que tiene Venezuela. Dos países: Perú y Colombia. En la década de los ochenta y noventa, contaba Perú con una institución que se llamaba “compensación por tiempos de servicio”, un mes de salario por cada año de servicio del trabajador , que se pagaba para el momento en que se terminara con la relación de trabajo. Ese sistema llevó a Perú a alcanzar una hiperinflación de 7 mil 450 por ciento en 1985. Cuando el ingeniero Alberto Fujimori llegó a la presidencia una vez toma el congreso, dictó un decreto Supremo del Trabajo en que la elimina. Logró Fujimori que al año siguiente al que la inflación se medía en miles, se llegará a 139%, y al año siguiente 19% y al año siguiente 9%.

En el caso de Colombia, la revisión profunda del derecho laboral, la asoció el jurista con la consecución de inflaciones de un dígito.

–En Colombia el auxilio de cesantías tenía carácter de retroactividad, y eso generó una crisis en los noventa en que el salario mínimo fue de 28 dólares, con una inflación significativa. La Asamblea Constituyente dictó la ley 50 de 1990 que elimino la retroactividad de las cesantías e inmediatamente se alcanzó en Colombia la tasa de inflación a un digito y se logró incrementar el salario.

Las conclusiones expuestas en su libro no dan pie a reformas acomodaticias, ni ajustes o correcciones al sistema de prestaciones, pues, para Carmona García el mal hay que cortarlo de raíz, aunque está consciente de que no sería una medida muy popular y que tendría que no desbordar la norma constitucional

–Yo planteo en el libro que eliminar las prestaciones sociales puede tener un costo político muy alto amén de que existen algunas limitaciones de orden constitucional; pero yo también planteo que se le permita al trabajador decidir a qué sistema acogerse a un sistema que le garantice un salario mínimo de seis dólares con prestaciones, o un salario digno sin la existencia de prestaciones sociales, y que sobre todo permita a ese salario mínimo hacer aportes al sistema de seguridad que le pueda dar una pensión de vejez más adelante, y contribuya a una mejor infraestructura hospitalaria.

De un buen salario mínimo, cualquier trabajador puede sin temor a descapitalizarse contribuir con el sistema de pensiones y atención médica pública

–En la totalidad de los países que tiene los mejores salarios mínimos del mundo – entre 300 o 400 dólares o casos extremos como suiza que se establece los 30 dólares la hora, se puede lograr que el trabajador aporte un 12% del mismo, algo así como 45 dólares al mes. Si se tiene una población económicamente activa como el caso venezolano, con 7 o 10 millones de trabajados venezolanos cotizando, el sistema de seguridad social sería bastante robusto, tendría una cantidad importante de ingreso que permitiría pagar buenas pensiones autosustentables y mantener en buenas condiciones y con el personal idóneo, los hospitales ambulatorios adscritos al seguro social.

Carmona García no piensa que el Gobierno Nacional de indicios de enmienda en su política laboral con relación a otorgar mejores garantías laborales, y por el contrario sigue compensando las debilidades del salario mínimo con un pago esporádico de bonos

–Todos quisiéramos que el gobierno actual hiciera lo mejor por Venezuela pero lamentablemente, el gobierno ha hecho lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores: crear bonos sin incidencia salarial. Las propuestas que están planteadas en la mesa de trabajo con la OIT, parecieran indicar que lo mejor es pagar bonos que no tengan incidencia salarial y que no contribuyan en el cálculo de las prestaciones sociales, de las vacaciones y de las utilidades, etc y esa solución se demostró que no sirve. El Gobierno ha dicho que en estos últimos ha realizado 37 incrementos salariales, lo que es correcto, pero han sido en bolívares, pero si los traducimos a dólares se demuestra que el monto del salario ha sido cada día menor, y por lo tanto el trabajador ha visto muy mermada su capacidad de adquirir bienes y servicios y es una realidad que no puede ocultar.