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“Solicitamos investigar uso de armamento de la FAN por grupos armados de Colombia”

“Hemos venido denunciando, con documentos y pruebas, que existen inconsistencias en el inventario de un millón de piezas de armamento pertenecientes a las fuerzas militares de Venezuela, específicamente en 30 guarniciones del Ejército venezolano, ubicadas en estados fronterizos con Colombia, y que estas armas estarían en manos de brazos armados como el ELN y las FARC, en territorio colombiano”.

Así se pronunció el director general de la Fundación Redes, Javier Tarazona, al salir de la Fiscalía General de Colombia, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, donde solicitó las actas forenses de las personas que han sido asesinadas en la frontera, a fin de verificar el uso de armas venezolanas en estos hechos. “Presumimos que muchos de esos caídos por los grupos armados que operan en la frontera son personas que han sido asesinadas con armas  y municiones venezolanas”.

En tal sentido, señaló que es necesario realizar un esfuerzo conjunto con las autoridades colombianas e iniciar las investigaciones a que hubiere lugar en la franja próxima al límite internacional, donde “han caído víctimas del armamento y municiones faltantes en los cuarteles venezolanos”.

El defensor de derechos humanos aseveró que es necesario saber si las municiones que se han encontrado en los cuerpos de los ciudadanos fallecidos en los últimos meses, en plena línea limítrofe fronteriza, coinciden con las extraviadas.

Además dijo que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, se ha llegado a la conclusión de que los grupos irregulares colombianos se resguardan en territorio venezolano, con la complicidad de la Fuerza Armada y el Gobierno de Venezuela.

—Por lo cual no es difícil deducir que estas organizaciones estén haciendo uso de las armas y municiones que hoy faltan en los batallones de los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, para mantener el control de los pasos ilegales y desarrollar sus actividades ilícitas a uno y otro lado de la frontera.

Como representante de la Fundación Redes, pidió al Estado colombiano informar a la comunidad internacional el contenido de las investigaciones forenses vinculadas a estos casos, así como los casos del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos vinculados a las actividades de esos grupos irregulares. 

Posteriormente, Tarazona consignó la denuncia en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de Caracas, esperando que haya celeridad para abordar esta investigación. 

Mariana Contreras