Caracas.- La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción universal en todos aquellos países que han firmado el Estatuto de Roma y puede venir a Venezuela a hacer las investigaciones pertinentes, puede solicitar pruebas, interrogar, hacer comparecer a los investigados y obviamente tienen las garantías procesales de las reglas básicas del derecho”.

Así lo señala la diputada por Un Nuevo Tiempo y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, quién explicó este viernes que

la Corte Penal Internacional abre investigaciones y sanciona a individuos, no a los Estados, por lo tanto, son los funcionarios militares y del Gobierno los que están siendo investigados.

“La Corte Penal Internacional abre investigaciones a individuos, no al Estado venezolano, como sí lo haría por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) este caso es distinto, la CPI abre investigaciones y sanciona de manera individual a funcionarios del Estado que han cometido crímenes que están contemplados en el Estatuto de Roma”, explicó.

Y así continuó: “Estos son genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión (…) el Estatuto de Roma es ley vigente desde el año 2000, es ley vigente firmada por Hugo Chávez, no es un invento del imperio, lo firmó el mismo Chávez”.

“Están investigando a los funcionarios que dieron las órdenes, hasta aquellos que las ejecutaron, pasando por cualquier funcionario por alto, medio o bajo nivel que haya estado involucrado en estos hechos”, sostuvo.

Sobre la reacción del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que “fue una vergüenza, francamente (…) Este señor sale a defender a Maduro por hechos que están siendo investigados en la CPI”.

La CPI puede emitir sentencias, “incluso puede aplicar la cadena perpetua y para entrar en un país no necesita permiso de nadie”.

Solórzano anunció la tarde de este jueves que “la Asamblea Nacional colaborará con la CPI con una investigación sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2017 ”.

Gobierno dispuesto a contribuir con la CPI para dilucidar hechos

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en rechazo a la apertura de un “examen preliminar” por parte de la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional al Gobierno de Nicolás Maduro, por violaciones de derechos humanos ocurridas en el año 2017, alegando que el sistema judicial venezolano trabaja para hacer justicia en esos casos.

En el texto, la Cancillería manifestó a la CPI su “plena contribución para que se diluciden los hechos mencionados en el comunicado”. Sin embargo, rechazó la figura del examen preliminar y aseguró que está en la disposición de suministrar a la Corte información relevante a efecto de comprobar que “no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional, de conformidad con la Constitución y las leyes de nuestro país y de la legislación internacional”.