La víctima falleció el lunes 3 de abril, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de San Cristóbal, adonde había sido ingresado muy malherido el día 29 de marzo

Raúl Márquez

Producto de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión, Tibaldo Enrique Valdeblanquez Pirela, quien admitió su responsabilidad en el homicidio del comerciante colombo venezolano Gerardo Hernández, de 75 años.

El crimen ocurrió el pasado 29 de marzo de este año, en el interior de un establecimiento comercial que era regentado por la víctima, en la casa número 6-114, prolongación de la Quinta Avenida, muy cerca de la sede del Ministerio Público, parroquia La Concordia, jurisdicción del municipio San Cristóbal.

Durante el referido día –detalla boletín del organismo judicial- Valdeblanquez Pirela ingresó al local comercial de Hernández, fingiendo que iba a efectuar una compra para pagarla luego mediante el punto de venta con registro biométrico –Biopago-.

Fue entonces cuando, aprovechando una distracción del propietario, le propinó varios golpes en la cabeza con un objeto contundente.

Tras dejar inconsciente al septuagenario, Valdeblanquez Pirela se apoderó del dinero en efectivo que este guardaba en el establecimiento y se retiró del lugar.

Poco después, Hernández fue encontrado por vecinos del sector con heridas graves. Una comisión de Protección Civil Táchira lo trasladó hasta el Hospital Central de San Cristóbal, donde falleció el 3 de abril.

Producto de las experticias coordinadas por el Ministerio Público, Valdeblanquez Pirela resultó aprehendido el 7 de abril en El Abejal de Palmira, municipio Guásimos. De inmediato, fue puesto a disposición del órgano garante de la legalidad en el país.

En la audiencia preliminar, la Fiscalía 30ª de Táchira ratificó la acusación en contra del hombre por la comisión de homicidio intencional, calificado en la ejecución del delito de robo impropio.

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal 7º de Control en esa jurisdicción dictó la mencionada condena y estableció su reclusión en la sede del CICPC en San Cristóbal.