Fredy Contreras Rodríguez*

20 años atrás, el tachirense Luis Tascón fue el primer actor del chavismo en hablar de gobierno electrónico. Convencido de la intrincada tarea de “refundar la república” para construir una nueva sociedad “democrática, participativa y protagónica”  en un “Estado de Justicia, federal y descentralizado” como lo prevé el preámbulo constitucional, el diputado capachero intuyó que era necesario el uso de la telemática, la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación, para aplicarlas en la gestión pública como parte de políticas y acciones de la administración para superar el inoperante Estado burocrático, incompetente y corrupto, heredado del bipartidismo.

Como ingeniero y experto informático, Tascón tuvo la certidumbre de que para lograr una gestión pública acorde con la Constitución Bolivariana, el proceso de transformación de las instituciones del Estado pasaba por incorporar nuevos métodos de trabajo -desarrollados con la tecnología- para entre otros propósitos, lograr que la administración pública esté al servicio de la ciudadanía, fundada “en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Internet informa que el gobierno electrónico es definido como el uso de tecnologías de la información y la comunicación -TIC- para mejorar la eficiencia, transparencia y participación ciudadana en la gestión pública. Por tanto sus características son el uso de ellas para lograr mejores resultados de la gestión en los organismos públicos, facilitando a la ciudadanía la participación; el acceso a la información y la disponibilidad a tiempo de ella; el derecho a la seguridad de los datos y la mejora sustancial en la prestación de servicios públicos.

La incorporación de las TIC a la gestión pública es lo que identifica al gobierno electrónico con ventajas tales como: mejorar la celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión pública; la satisfacción ciudadana por una respuesta adecuada y oportuna al derecho de petición; el ejercicio efectivo de la participación ciudadana; el acceso oportuno, fácil y expedito a los servicios públicos y una mejor calidad de los mismos y, una reducción sustancial en la pérdida de tiempo y recursos de la administración pública y de los ciudadanos.

Un asunto interesante es analizar las principales áreas donde se aplica el gobierno electrónico y no es casual que donde más se ha avanzado sea el área tributaria, sin demeritar los servicios públicos en línea para hacer trámites; las consultas para estimular la participación; los sistemas de información de uso general y el acceso a la información pública.

Sin embargo, no todo son flores. El gobierno electrónico tiene desventajas, y las más importantes son la exclusión y la brecha digital que victimizan a importantes sectores de la población, vulnerables por razones económicas y educativas -trabajadores, amas de casa, campesinos- a quienes se les hace imposible o les resulta muy costoso acceder a las tecnologías, a la adquisición de equipos y al uso de los servicios. También son desventajas la ausencia de capacitación a la ciudadanía en el manejo de los portales en internet, la seguridad de los datos, el riesgo de ataques cibernéticos y la eventual deshumanización de la administración pública.

A las desventajas antes indicadas se agregan las vulnerabilidades que produce la dependencia tecnológica cuando “se cae el sistema” por fallas eléctricas o técnicas, que también es excusa con la que aún resiste el burocratismo y la ineficiencia y el costo de las inversiones y los avances tecnológicos, cada vez más frecuentes por la obsolescencia programada.

A 20 años de estar hablando de gobierno electrónico, lo hecho hasta ahora es poco y para lograr “el fin supremo de refundar la República”, falta mucho pero más temprano que tarde, el pueblo lo hará posible.

*Ingeniero. Agricultor urbano.