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23 de noviembre de 2024
Un juez estadounidense bloqueó este martes las normas con las que el gobierno de Joe Biden restringe el asilo al obligar a los migrantes a pedir cita en línea o a tramitarlo en los países por donde transitan, pero le dio un plazo para apelar.
En mayo la administración del presidente demócrata introdujo nuevas reglas para contrarrestar la suspensión de una norma sanitaria, conocida como Título 42, que permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera con México si no traían la documentación necesaria para entrar.
Estas reglas restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que pasan, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30.000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
La nueva política incluye excepciones, como los niños no acompañados, si los migrantes demuestran que no han podido acceder o usar la aplicación móvil o si lo solicitaron y se les denegó en otro país.
Pero varias asociaciones de defensa de los derechos civiles llevaron estas restricciones ante los tribunales por considerarlas ilegales y similares a las impulsadas por el expresidente republicano Donald Trump, conocido por aplicar mano dura en temas migratorios.
«Se concede la petición» a los demandantes, se lee en el fallo del juez federal de California Jon Tigar hecho público este martes. «Se anula la norma y se devuelve a las agencias» del Estado.
«Arbitraria y caprichosa»
El fallo no entra en vigor inmediatamente puesto que el magistrado da 14 días a la administración para apelar.
El juez estima que la norma es «arbitraria y caprichosa» porque las excepciones «no son significativas para muchos migrantes». Y da la razón a los demandantes cuando se quejan de haber tenido sólo 33 días para enviar comentarios a la administración.
«La norma es contraria a derecho» y «no puede permanecer en vigor», afirma el tribunal.
El gobierno de Biden está furioso y ya ha anunciado que «recurrirá rápidamente».
«Estamos totalmente en desacuerdo con la sentencia», afirma el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
El Departamento de Justicia no sólo recurrirá el fallo judicial sino que también pedirá que quede en suspenso el tiempo que la apelación esté en curso, lo cual -de serle concedido- puede dejarlo en paréntesis durante bastante más de dos semanas. AFP
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