El Cardenal Porras, en un escrito oficial, informó sobre la destitución del sacerdote Enrique Antonio Alaña Morillo, quien desempeñó su labor religiosa en la comunidad de Cumbres de Curumo, situada en el municipio Baruta del estado Miranda.

La decisión se fundamenta en el resultado de una investigación previa llevada a cabo según el canon 1717 del Derecho Canónico, el cual establece que, cuando el ordinario tenga noticia verosímil de un delito, debe realizar una investigación cautelosa, ya sea personalmente o a través de una persona idónea, para esclarecer los hechos y las circunstancias, así como la imputabilidad de los implicados. La Santa Sede, en Roma, ha avalado este proceso administrativo penal interno de la Iglesia Católica, en concordancia con lo estipulado en el canon 1720.

El portal ACI Prensa, especializado en noticias relacionadas con la Iglesia católica, reportó que el sacerdote Alaña Morillo ha sido objeto de señalamientos en redes sociales por presunto abuso sexual.

Según el derecho canónico, la decisión de expulsar a un sacerdote está respaldada por varios cánones. El canon 1582 establece que el Orden sacerdotal confiere un carácter espiritual indeleble que no puede ser reiterado ni otorgado por un tiempo determinado. De igual manera, otro canon recuerda que, aunque un sacerdote puede ser liberado de sus funciones debido a causas graves, no puede convertirse nuevamente en un laico en el sentido estricto, ya que el carácter impreso por la ordenación es permanente.

Cabe mencionar que la Arquidiócesis de Caracas, en su comunicado, hizo referencia específicamente al canon 1717 como base para la investigación y destitución del sacerdote Alaña Morillo.

Redacción web