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Internacional
Expresidente de Duro Felguera desmintió pago de sobornos a funcionarios venezolanos
16 de febrero de 2018
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El expresidente de Duro Felguera, Ángel del Valle, negó este viernes que este grupo empresarial español sobornara a altos cargos venezolanos a cambio de contratos, y aseguró que dimitió el pasado noviembre con el fin de proteger a la compañía, muy perjudicada internacionalmente por su imputación judicial.
Ante el juez encargado del caso, Del Valle rechazó así las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción española, que lo investiga junto a una decena de personas físicas y jurídicas por sobornos y lavado de capitales, explicaron fuentes jurídicas, publicó EFE.
Según la querella de Anticorrupción, la empresa de ingeniería “firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas” a fin de “encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos”.
Por el contrario, Del Valle defendió la legalidad de los acuerdos suscritos en Venezuela.
Entre otros, mencionó el contrato de más de 1.500 millones de euros firmado en 2009 con la empresa pública Electricidad de Caracas, que actualmente, dijo, continúa debiendo 80 millones de euros a Duro Felguera.
Sin embargo, la versión de la Fiscalía indica que Del Valle y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, “decidieron entregar” hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) a otro de los querellados, Nervis Villalobos, vicepresidente de Energía de Venezuela hasta 2006 y actualmente en prisión provisional en España.
Sobre su dimisión como primer directivo, comunicada el pasado 24 de noviembre, Del Valle insistió en que vino motivada por los momentos difíciles de la empresa, en mitad de las negociaciones con la banca para cerrar una operación de refinanciación.
Respecto a Villalobos, la Fiscalía lo señala por “aflorar las ganancias procedentes de las actividades delictivas” mediante la compra de un inmueble en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja.
El Gobierno español aprobó el pasado viernes su entrega a Estados Unidos, donde es requerido por presunta organización criminal y blanqueo.
Sin embargo, está previsto que permanezca en España, donde tiene abierto otro procedimiento por lavado de dinero.
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