Freddy Omar Durán

Hasta las últimas consecuencias judiciales están dispuestos a ir los propietarios del Bloque 3 de la Urbanización Concordia 4 en la Unidad Vecinal, quienes aseveran tener la ley a su favor en un caso en el que aspiran el pronto desalojo de un área común cuya ocupación, aseguran, no cuenta con respaldo de documento legal alguno.

En la actualidad el caso está bajo la instancia de la Fiscalía Séptima de San Cristóbal, abierto el expediente para marzo del presente año, y al estar en tal despacho, los denunciantes hicieron un llamado especial al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que le preste especial atención a una situación que catalogan como flagrante invasión de inmueble.

Angel Biaggi, Nelly Salas, Nelson Alvarado, Maite Mantilla, Emilio Bermúdez y Carme Bautista, además de rendir declaración a Diario La Nación, presentaron en una pancarta donde exponen los motivos por los cuales consideran tener la ley a su favor.

Como expuso Angel Biaggi, en primer lugar no hay ningún contrato de arrendamiento que sustente su ocupación, que afirman sí existió por 27 años con el señor Emilio Pineda, con quien durante todos estos años no tuvieron ningún tipo de problema.

El problema surgió con quienes pocos días antes de la muerte del anterior arrendatario por covid-19 aparecieron en el inmueble y procedieron a ocuparlo, negándose a firmar cualquier tipo de contrato, alegando razones económicas. Identificaron vínculos sentimentales de una de las personas con el difunto; no obstante, el mismo no dejó ningún documento en el que al menos se solicitara una renovación de contrato en favor de los cercanos. Posteriormente una hija y dos nietas menores de edad la acompañarían en la ocupación del inmueble.

—Nosotros los 39 propietarios del edificio tenemos el documento de propiedad del apartamento. Ella no tiene ni un documento que diga que es alquilada de nosotros. Incluso la junta de condominio anterior le exigió que tenía que tener un contrato y pagar un canon de arrendamiento, y la respuesta de ella fue “no tengo plata, no me voy, no tengo dónde vivir”. Lo que pasa es que cree que es una herencia que el señor le dejó, cuando los alquileres no se heredan— afirmó Biaggi.

Sin embargo, el argumento fuerte de la falta de hogar que la denunciada alega, los demandantes con pruebas fehacientes, lo desmontan teniendo en su poder copias de los registros de propiedad de una vivienda en el barrio Las Flores, y de un terreno en la Urbanización Cantaclaro.

Además tienen constancia de pagos tributarios a la Alcaldía de San Cristóbal, por las mencionadas propiedades, un vehículo, y una carta dirigida a dicho despacho público en el cual se pide corrección a un documento de sucesión.

Los denunciantes aseveraron haber cumplido con todas las instancias para resolver el conflicto, habiéndose desarrollado hasta 5 reuniones infructuosas para finiquitar un contrato, y se intentó inclusive en Prefectura donde aseguran la denunciante se puso de pie y se marchó sin firmar declaración.

—Nosotros no les estamos absolutamente quitando nada, ella sí está quitándonos a nosotros. El primer paso fueron las reuniones conciliatorias. Luego agotado ese recurso fuimos a Prefectura y pasó dio el mismo resultado y de forma grosera dejó hablando al personal de la Prefectura. En Fiscalía dejamos las pruebas y el desarrollo del caso a través de la denuncia. No somos unas cuantas personas afectadas, somos casi 40 personas. Después de ser necesario llegaremos a tribunales, pues no nos vamos a rendir— agregó Emilio Bermúdez.

Los denunciantes alegaron que Emilio Pineda prácticamente murió como vivió: en soledad, y nadie más reclamó algo de él.