Las autoridades fiscales españolas han acusado nuevamente a Shakira de evadir impuestos en España. En esta ocasión, se alega que la cantante colombiana no pagó 6,7 millones de euros (7,1 millones de dólares) en impuestos correspondientes a sus ingresos de 2018, según informaron fiscales de Barcelona.

Este no es el primer problema legal relacionado con impuestos que enfrenta Shakira en España. La cantante ya tiene un juicio pendiente en Barcelona, programado para comenzar el 20 de noviembre, en un caso separado que se basa en su residencia entre 2012 y 2014. En ese caso, los fiscales sostienen que, pese a tener su residencia oficial en Bahamas, pasó más de la mitad de su tiempo en España por lo que debió pagar impuestos por un total de 14,5 millones de euros (15,4 millones de dólares), según la fiscalía.

En esta oportunidad, de acuerdo a las autoridades, la ganadora de múltiples Grammy habría recurrido a una empresa con sede en un paraíso fiscal para ocultar parte de sus ganancias.

Las autoridades abrieron la nueva investigación en julio, y tras dos meses de revisión de pruebas, han decidido presentar cargos. Aunque aún no hay fecha definida para el nuevo juicio, la intérprete de 45 años ya recibió la notificación de cargos en Miami -Estados Unidos-, donde reside actualmente.

La empresa de relaciones públicas que ha manejado los asuntos de Shakira -Llorente y Cuenca-, no ha realizado comentarios de manera inmediata. En julio, la firma declaró que la artista siempre había actuado conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscales.

Shakira, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha estado vinculada a España desde que comenzó su relación con el futbolista Gerard Piqué, quien ya se retiró. La pareja, que tiene dos hijos, vivió en Barcelona hasta el año pasado, cuando pusieron fin a su relación de 11 años.

En los últimos años, otros astros del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también se han visto en problemas legales en España por presunta evasión de impuestos. Ambos fueron declarados culpables, pero no fueron enviados a prisión debido a una disposición que permite a los jueces no imponer sentencias de menos de dos años a delincuentes primerizos.