Según se desprende del informe de Amnistía Internacional 2017-2018 el conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por la acción de otros grupos ilegales especialmente por los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de la guerrilla.

Específicamente, se menciona los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde en 2017 persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, reseñó EFE.

Entre esas violaciones mencionan homicidios selectivos de afrodescendientes e indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual e instalación de minas antipersona.

En su reporte, Amnistía Internacional desgrana varios casos como la muerte de trece personas en un combate entre disidentes de las Farc y el ELN en el departamento de Nariño o la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Antioquia.

Además, el informe se refiere a la “impunidad por los crímenes cometidos” por la desarmada guerrilla de las Farc en medio del conflicto armado.

Recuerda que las víctimas “exigían garantías” de acceso a la justicia, así del derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición. A la fecha, “no se habían satisfecho esas demandas y la viabilidad a largo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se habían llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos”.

Amnistía Internacional también recoge que las fuerzas de seguridad hicieron “un uso excesivo de la fuerza” que en ocasiones causó la muerte de civiles.