El Foro Penal Venezolano anunció su decisión de no avalar la convocatoria a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, que hizo el pasado mes de enero la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El director de la ONG en defensa de los derechos humanos, Gonzalo Himiob, destacó que la posición institucional se basa en que la ANC no tiene facultades constitucionales para convocar comicios porque solo estaría facultada para redactar una nueva Carta Magna, según Efecto Cocuyo.

“La ANC, incluso si hubiese sido válidamente constituida y convocada que no es el caso, no tiene potestades constitucionales ni legales para interferir en la vida política de la nación haciendo llamado a elecciones, en ninguna parte de la Constitución se dice que esta instancia pueda hacer convocatorias de tipo electoral“, explicó Himiob en una rueda de prensa que ofreció el Foro.

Añadió que ante esto no pueden avalar la convocatoria electoral porque es violatoria del derecho a los venezolanos a elegir en condiciones válidas, justas y apegadas a la Constitución venezolana.

Además aseguró que la ANC al llamar a elecciones está cometiendo una “usurpación de funciones“, porque a una Constituyente solo le corresponde “cambiar la Constitución, pues así lo dice nuestra Constitución y no el Foro Penal”, añadió.

Por ello añadió que el proceso al nacer viciado, “no puede surtir un efecto válido“, por lo que se mantendrán atentos para documentar la violación de este derecho político de los venezolanos, durante la organización del proceso, su realización y los posteriores resultados, para llevarlos a las instancias internacionales correspondientes.

139 presos políticos sin juicio

El Foro Penal también se pronunció sobre la situación de los presos políticos en el país. Su director ejecutivo, Alfredo Romero, informó que a la fecha existen 234 personas con esta condición en las cárceles del país, de las cuales solo 31 han sido condenadas, mientras que 139 “no han tenido oportunidad de juicio. Llevan más de tres años presos no han tenido la oportunidad de defenderse, han ido a múltiples audiencias diferidas y no saben formalmente de que se les acusa”, explicó.

También detalló que 96 de los presos políticos no han pasado si quiera a la fase de audiencia preliminar para que un tribunal decida si debe o no comenzar un juicio en su contra. Y además hay tres casos con boletas de excarcelación, pero el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se niega a cumplir las órdenes de libertad que ordenaron los tribunales.

Entre los casos que nombró, Romero se refirió a Juan Pedro Lares, hijo del alcalde de Ejido Omar Lares, quien fue “secuestrado” y recluido en el Sebin desde el mes de agosto de 2017 y todavía no tiene audiencia ni conocen los delitos por los que se le acusan. Igualmente se refirió al del trabajador del Ministerio de Comunicación e Información, Jameson Marcial Jiménez.

Sobre él dijo que después de que en enero su familia denunciara su desaparición forzada y fuese rescatado supuestamente una semana después, cuando intentó irse del país fue apresado  por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y presentado dos días después con una boleta que tenía fecha de dos días antes de haber sido detenido.

“No existe la mínima decencia para cumplir el debido proceso. Hay un examen preliminar abierto ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, al día de hoy toda violación de DDHH que está ocurriendo está siendo remitida allá y está viendo día a día todo lo que está ocurriendo”, dijo Romero quien llamó a funcionarios policiales, tribunalicios y demás a no excusarse en cumplir órdenes superiores porque el TPI “tiene los ojos puestos sobre Venezuela”.