La estrategia de la Administración Trump para obstaculizar las concesiones de asilo político con el argumento de que alientan el abuso y el fraude tiene entre la espada y la pared a los solicitantes y a sus abogados. Entre los más afectados están los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos tras la situación política de su país.

Los plazos del proceso para pedir asilo ahora son mucho más cortos y eso “está complicando las cosas para todos, incluso para nosotros los abogados que estamos defendiendo a nuestros clientes como si tuviéramos una mano atada”, dijo a Efe el abogado de inmigración Alex Gálvez

Tanto el presidente Donald Trump como el fiscal general Jeff Sessions argumentan que el sistema de asilo está plagado de engaños y que los inmigrantes y sus abogados están jugando con las peticiones.

Los cambios hechos por la Administración están enfocados en acortar los tiempos de los procesos.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) transformó el sistema de concesión de asilo a inmigrantes y está examinando primero las aplicaciones más recientes para dejar las más antiguas al final.

Con esta medida se pretende impedir que personas con reclamos no creíbles puedan acceder a un permiso de trabajo y terminen por engrosar la lista de espera que lleva años de retraso.

Entre los más afectados están los inmigrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos huyendo de la situación política de su país.

La codirectora de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos en la Universidad del Distrito de Columbia Lindsay Harris dijo a Efe que el hecho de que la Administración apunte al fraude como la razón de que hayan aumentado las concesiones de asilo en los últimos años demuestra su desconocimiento de la crisis humanitaria y su ceguera voluntaria ante el número sin precedentes de refugiados en todo el mundo.

Fernando Romo, de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explicó que el temor de los inmigrantes a presentar solicitudes de asilo y terminar siendo deportados ha aumentado. Y sus miedos están fundamentados.

El abogado de inmigración Caleb Arring denunció que este mes uno de sus clientes fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) después de salir de su entrevista de asilo político en las oficinas de USCIS en San Francisco.

Arring intentó detener el arresto de su cliente argumentando que este tenía una solicitud de asilo y estaba en espera de una respuesta. No obstante, los agentes del ICE lo detuvieron respaldado la acción en el hecho de que el inmigrante estaba indocumentado. “En todos mis años de práctica nunca había visto esto”, dijo Arring.

Gálvez señala que el Gobierno usa esta estrategia de terror para hacer que los inmigrantes desistan de buscar beneficiares del sistema de asilo.

Los nuevos solicitantes no serían los únicos afectados. Harris resalta que está nueva política perpetúa el limbo en el que se encuentran los antiguos solicitantes de asilo y además pone en riesgo la credibilidad porque con el paso del tiempo los documentos o pruebas pueden quedar obsoletos y los testigos no están disponibles, entre otros problemas.

A finales de enero, la agencia registraba 311.000 solicitudes de asilo político, lo que representa un incremento del 1.750 % en los últimos cinco años.

Para desatascar el sistema, el Gobierno de Trump ha apretado el acelerador dando como plazo un año para resolver los casos. “No se puede impartir justicia con restricciones de tiempo”, se queja Gálvez

Según los datos de TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, el años pasado las cortes de inmigración resolvieron un 35 % más de casos de asilo que en el 2016.

El porcentaje de solicitudes denegadas aumentó a un 70 % y eso que las cifras no muestran el impacto de los últimos cambios.

Harris, del Comité de Asilo y Refugiados de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), explica que a partir de este mes los abogados han tenido que cambiar sus estrategias porque necesitan estar más preparados cuando presenten la solicitud de asilo y anexar todas las pruebas antes de la entrevista.

Según la nueva política, la entrevista se produce en un plazo de 3 a 6 semanas después de la presentación.

Romo asegura que como hay menos tiempo para presentar las pruebas, el proceso de recolección es más corto, al igual que el de los testimonios, situación que puede obligar a los inmigrantes y abogados a retirar o aplazar la solicitud.

“Esto se está convirtiendo en un dolor de cabeza, que en menos de tres semanas ya deja a muchos afectados”, enfatizó Gálvez.

EFE