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Política
Elevará la AN los casos sobre actuación de irregulares, violencia, secuestros y extorsiones a entes internacionales
2 de marzo de 2018
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A instancias internacionales que velan por los derechos humanos serán remitidos los diversos casos de violencia, secuestros, extorsiones e “incursión y actuación” de presuntos grupos irregulares por la frontera colombo-venezolana al Táchira, donde al parecer “ejercen control de zonas”, como lo expusieron este jueves en sesión especial con videos, testimonios reales y alegatos, familiares de las víctimas y representantes de la Fundación Redes a los diputados de la comisión permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, instalada en la Residencia Oficial de Gobernadores, en compañía de la mandataria regional, Laidy Gómez.
Desde el Salón Leonardo Ruiz Pineda, frente a los legisladores: Edgar Zambrano, presidente de la comisión; Sergio Vergara, Franklin Duarte, Ezequiel Pérez y Karin Vera, uno a uno, familiares de tachirenses secuestrados y desaparecidos exigieron a la AN que se haga justicia y que se den respuestas reales, esto ante el “silencio gubernamental”, luego de que han transcurrido entre dos y diez años al menos y las autoridades no han esclarecido los hechos.
Jorge Sánchez, afligido por los 10 años de secuestro de su madre, Blanca Oliva Sánchez, narró la odisea y la tristeza que ha tenido que vivir tras llamadas y extorsiones hechas por los grupos al margen de la ley que se llevaron a su progenitora y que desde hace seis años no dan aún señales de vida: “Solicito que estos hechos dolorosos no queden impunes. Como venezolanos exigimos que se aboquen a resolver todos los casos de secuestrados y desaparecidos en el estado”.
Juan Pabón, cuya madre Ana de Dios Guerrero de Pabón y su hermano José Pabón fueron secuestrados hace 14 años en el municipio Andrés Bello, expresó que el caso ha sido llevado a varias instancias del Estado, “sin resultados satisfactorios”.
Reveló que en su caso pudieran existir familiares cercanos interesados en quedarse con algunas propiedades que eran de los progenitores; y en este sentido, pidió a las autoridades venezolanas que “asuman su responsabilidad de esclarecer el caso, dado que se trata de un suceso casi resuelto con nombres y apellidos”.
Reclamó que “sí aparecieron los restos de los familiares secuestrados en la finca de nuestra propiedad y allí mismo fueron sepultados, por qué no hacer justicia en nombre de sus familiares, del Estado y de la Ley, si está todo tan claro y evidente”.
“Solicito que el Táchira, la Fiscalía y los organismos de inteligencia se encarguen también de las investigaciones del resto de familiares secuestrados que están atravesando por el mismo dolor y la misma espera”, recalcó Pabón.
Porfirio Dávila, cuyo padre también fue secuestrado el 2 de junio de 2003, destacó: “Hemos planteado a la AN oficiar al gobierno colombiano y a sus comisiones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC, para que aporten la mayor información posible de nuestros familiares secuestrados, vivos o muertos, en territorio de frontera”.
Consideró Dávila que “las conversaciones de paz entre los grupos irregulares y el gobierno colombiano pueden acercarlos más a la situación actual de sus familiares en poder de estos”. Y fue enfático al exigir a los legisladores que se ejerzan los mecanismos necesarios a fin de que sea designado un fiscal que se encargue de esta materia de secuestros, desapariciones y extorsiones”.
Javier Tarazona presentó un material audiovisual en el cual describe las acciones que ha venido denunciando, como “la incursión de irregulares, la violación del espectro radioeléctrico con al menos tres emisoras de la guerrilla; la distribución de material ideológico en las escuelas y, más recientemente, “la repartición de las cajas de los Claps a estos insurgentes en territorios dominados por ellos dentro de la entidad tachirense”.
Por parte del sector de los productores agropecuarios, el presidente de Asogata, Leonardo Fugueroa, solicitó la intervención del Parlamento a fin de que garanticen la seguridad e integridad de quienes trabajan en el campo, toda vez que son víctimas de extorsión, robos, abigeato; y aunado a la situación económica, cada vez “resulta más complejo salir a trabajar, sin las garantías mínimas se seguridad personal, para seguir produciendo para el pueblo y por el desarrollo de nuestro estado”.
Compromiso del Parlamento nacional
El presidente de la comisión de Defensa y Seguridad, diputado a la Asamblea Nacional Edgar Zambrano, aseguró que con las comisiones de Política interior y de Política exterior, la comisión de Familia, la de Asuntos indígenas y medios recogerán todos los testimonios, “para llevarlos a instancias internacionales y que sean revisados por violación a los derechos humanos. Es un compromiso del parlamento nacional, de la junta directiva y las quince comisiones, que se traigan en los próximos días los resultados de las distintas actuaciones para ser entregadas a cada una de las personas que ha venido a exponer su caso, así como al Ejecutivo regional”.
Leidy Zafra
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