“La ley se ha denominado desde la sociedad civil venezolana, la Ley de Antisociedad. En primer lugar hay que decir que no hay una publicación formal del texto del proyecto de ley y eso ya dota todo el proceso de una gran opacidad”, afirmó Yonaide Sánchez, coordinadora en el estado Lara de Transparencia Venezuela, sobre la ley que busca regular las ONG’s en Venezuela durante el foro “Espacio Cívico Bajo Amenaza” que se desarrolló, este martes 23 de enero, en Barquisimeto.

El encuentro sirvió para debatir sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines en Venezuela.

Resaltó que “ese primer proyecto se aprobó hace un año en enero del año 2023 sin que se conociera formalmente el contenido”, y que actualmente el Gobierno, “lo está impulsando al punto que se abrió una consulta pública”.

“Ya se ha hecho en varios estados del país incluso en nuestro estado Lara, sin que la gente que haga esa consulta pública pueda, disponga previamente de un documento formal que es el que se va a discutir en ese espacio”, sostuvo.

Sánchez, indicó que la mencionada ley establece a las organizaciones sociales, “regulaciones que son propias de las organizaciones públicas o propias del derecho que rige las organizaciones públicas”.

Manifestó que sí alguna sociedad civil se somete a regulaciones; son las organizaciones de la sociedad civil venezolana, “que rinden cuentas ante el Seniat, ante el Saren, ante el Ministerio del Trabajo, ante Banavih, ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ante el Inces, es decir nuestras organizaciones sí buscan la transparencia y sí buscan la rendición de cuentas y se sumergen a las disposiciones del marco regulatorio nacional”.

No se niegan a que haya regulaciones, pero “nos negamos a regulaciones excesivas, arbitrarias que tienen que ver con esta definición que se ha hecho, de que somos organizaciones de derecho privado pero de interés público lo cual deja abierto a la intervención del Estado de muchas maneras”.

Dijo que de aprobarse esta ley, las organizaciones “de hecho y de derecho” establecidas actualmente en el país, tendrían que registrarse nuevamente y comenzar desde cero. En este sentido, recalcó que esto constituye “no solamente una amenaza al funcionamiento de las organizaciones sociales sino que amenaza la existencia misma de las organizaciones del espacio cívico venezolano”.

Con información de El Impulso