Eduardo Marapacuto

          A partir de la soberana decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo tribunal de la República, de ratificar las inhabilitaciones a ciertos personajes de la fauna fascista opositora, el gobierno de los Estados Unidos lanza nuevas amenazas contra el Estado y el pueblo venezolano de extremar las medidas coercitivas unilaterales (MCU) y seguir causando el mayor daño y sufrimiento. En una especie de ultimátum, el imperio norteamericano  da un plazo al gobierno venezolano  hasta el mes de abril del año en curso  para que tome decisiones “correctas”; es decir, decisiones que favorezcan el ego e intereses de los gobernantes norteamericanos.

        Así, de manera tajante el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en rueda de prensa: “Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril”. Según sus cuentas, en abril termina el permiso temporal que Estados Unidos les había otorgado a algunas empresas norteamericanas, para negociar petróleo y  gas con el gobierno venezolano, después que se habían logrado avances en el Acuerdo de   Barbados sobre las elecciones presidenciales de 2024.

          Efectivamente, el máximo Tribunal de la República en sentencia firme y soberana ratificó las inhabilitaciones, quedando claro que las decisiones tomadas por el TSJ están enmarcadas en la Constitución y respaldadas por el entramado de leyes e instituciones que conforman el Estado Venezolano. Se trata de cumplir la Ley y no estar temerosos de las advertencias de los Estados Unidos de reactivar su recetario de sanciones y amenazas. En fin de cuentas, de las 927 medidas coercitivas unilaterales (MCU) que se aplican contra Venezuela, en ningún momento se ha derogado ninguna y todas siguen intactas, aplicándose y haciendo mucho daño, con gran incidencia en los Derechos Humanos de la población.

          Los venezolanos y venezolanas debemos estar  claros que los Estados Unidos son enemigos de nuestra Patria y que son una amenaza para la Seguridad de Nuestra Nación. Desde el 2014, con sus medidas coercitivas han causado un grave daño a la economía nacional y desarrollo del país, a la calidad de vida de la población y la violación recurrente a los derechos de las personas, quienes sufren un deterioro progresivo del nivel de vida.  Evidencias hay muchas, donde funcionarios de gobierno de diferentes administraciones norteamericanas, han manifestado abiertamente que el propósito central de las medidas  es desbaratar la economía venezolana, causarle el mayor daño al pueblo venezolano y reemplazar al gobierno revolucionario o someterlos a su voluntad y caprichos.

          Es más, recientemente la  Oficina de Servicios de Investigación del Congreso de los Estados Unidos  presentó un informe en el que  reconoce que las sanciones impuestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro contribuyeron de manera determinante a desatar la crisis que vive Venezuela. Todas las  penalizaciones, aplicadas a los funcionarios de nuestra Nación para  obligarlos a claudicar y abandonar el poder, no alcanzaron ni alcanzarán ese objetivo. Precisa el referido documento  que todas esas “sanciones no lograron destituir a Maduro y contribuyeron a una crisis económica en el país que ha llevado” a muchos compatriotas a emigrar hacia otros países.

          Ante estas nuevas amenazas del imperio norteamericano, consagremos el espíritu de la unidad y juntos enfrentar esos desafíos que vienen, recordando siempre que nuestra dignidad e independencia no se negocia, ni mucho menos se vende. ¡Qué así sea!

Politólogo, MSc. en Ciencias Políticas.

Investigador RISDI-Táchira

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