Sucesos

Atribuyen desapariciones, además de homicidios y extorsiones, a las 7 personas abatidas en Ureña

5 de marzo de 2018

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Además de implicados en una gran cantidad de casos de extorsión, homicidios, también casos de desapariciones cometidos en la frontera colombo-venezolana, sobre todo en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, habrían estado involucrados directamente los siete abatidos por funcionarios del Cicpc, el pasado martes en la noche, en esa última jurisdicción.

Tal como también lo informó oportunamente el protector del Táchira, Freddy Bernal, los cinco hombres y las dos mujeres dados de baja durante el enfrentamiento ocurrido en el asentamiento campesino La Cabrera, municipio Pedro María Ureña, todos eran parte del grupo irregular paramilitar Los Pelusos.

En función de esta situación, dijo una fuente policial, las autoridades continúan en búsqueda del resto de la agrupación que, tras el tiroteo, podría haberse replegado temporalmente a territorio colombiano, incluso algunos que hubieran escapado en plena balacera.

Sostuvo que esta banda sería además la autora de las desapariciones de jóvenes que se han reportado en la línea fronteriza durante los últimos meses, ya sea porque se resistieron a pagarles vacuna y extorsiones, por negarse a integrar sus filas, o simplemente por considerarlos que eran informantes o afines a cualquiera de los otros grupos que al margen de la ley operan en la zona.

Aseguró la fuente que ya todos los abatidos fueron plenamente identificados, que la mayoría era de nacionalidad colombiana y residente en el vecino país, mas no suministró la identidad de todos.

Sin embargo, la prensa regional logró en el trascurso de la semana identificar a cuatro de ellos, tres de nacionalidad colombiana.

Asegura una fuente policial que en las evidencias colectadas en el sitio existe información valiosa, como para dar con algunos otros integrantes de Los Pelusos.

En principio fueron identificados dos de los cinco hombres, como: Jesús Rolando Peña, un joven de 24 años, de nacionalidad venezolana, con domicilio en Ureña; y Marlon Eduardo Jáuregui Ayala, de 30 años, colombiano, con residencia en Villa del Rosario; así como las hermanas de nacionalidad colombiana, Sonia Viviana y Ximena Andrade, quienes vivían en Cúcuta.

Se dijo que en las evidencias de interés criminalístico incautadas en el sitio tras el tiroteo, los investigadores han hallado valiosa información, como por ejemplo en los teléfonos celulares, lo que permitirá enrumbar las indagaciones y llegar hasta otros miembros de esta organización, que se camuflan en la población como “personas de bien”, sin levantar sospechas.

Como ya se había informado y lo reconfirmó la fuente, las siete personas murieron abaleadas en el sector La Colina, de La Cabrera, al hacerle frente a una comisión del Cicpc, adscrita a la División de Homicidios del Cicpc-Ureña, que efectuaba labores de investigación de campo relacionadas a una serie de asesinatos registrados recientemente en ese municipio.

Observaron como extraña la presencia de un grupo de personas, entre hombres y mujeres, al que los funcionarios pretendieron intervenir para conocer su estatus judicial, pero ninguno de los sospechosos acató la voz de alto, se resistieron a la autoridad y, en su lugar, corrieron en veloz carrera hasta la zona boscosa cercana, donde buscaron internarse, a la vez que -asegura la fuente- comenzaron a disparar contra los uniformados.

Esto dio origen a un intercambio de disparos, en el cual cinco hombres y dos mujeres resultaron gravemente heridos, por lo que una vez asegurado el perímetro, los mismos funcionarios se ocuparon de trasladarlos al CDI de Ureña, donde algunos llegaron sin signos vitales y otros fallecieron minutos después.

Las hermanas Sonia Viviana y Ximena Andrade, además de su connacional Marlon Eduardo Jáuregui Ayala, tres de los colombianos abatidos el martes en la noche en Ureña.

En el lugar, como evidencia, incautaron siete armas de fuego, de diferentes calibres; dos vehículos: una camioneta marca Jeep, Laredo, color beige, y un Chevrolet Apache, azul; dos motocicletas, marca Yamaha; una granada fragmentaria; panfletos alusivos a grupos generadores de violencia; prendas de vestir de uso militar; cinco teléfonos celulares, así como sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que quedaron a disposición del Ministerio Público. (MB)