En la proliferación de delitos económicos previstos y sancionados por el Código Penal, aumentan impunemente en todo el país el lucro, la usura y la especulación. No solo en la comercialización y expendio de alimentos de la cesta básica, bienes y productos de primera necesidad, sino también en la prestación de servicios públicos. Con mayor liviandad y desparpajo en el transporte urbano. Pese a que las sanciones contra los infractores, dueños de líneas de autobuses y taxis, así como de conductores, estén tipificadas de 2 a 6 años de prisión en el Código de enjuiciamiento criminal, los cobros abusivos e ilegales de tarifas oficiales continúan imponiéndose descaradamente. Y en medio del maremagno ante la competencia anárquica y desmesurada de propietarios, choferes y falsos sindicalistas, los precios de pasajes y carreras cortas se tasan ilícitamente en las principales capitales del país. No obstante los persistentes reclamos y protestas de usuarios y medios de comunicación, tenemos un cuadro alarmante a nivel nacional. Así por ejemplo, en Caracas, donde ahora los servicios se establecen por mutuo consentimiento de conductores y pasajeros en razón de las demoras excesivas por complicaciones del tránsito, la ruta sencilla autobusera es de 280 bolívares y la carrera corta en taxi de 4.500 Bs., en San Cristóbal se fija en 300 y 5 mil bolívares, aún sin disponer los usufructuarios del mismo y desigual poder adquisitivo. Al otro extremo, en Maracaibo, con problemas viales similares a la capital, es de 350 y 4 mil Bs., mientras en Mérida, pese a ser ciudad turística, baja la tarifa de a 200 y 3 mil; y vuelve a subir en Aragua, en Maracay a 300 y 3.500 bolívares. Todo un verdadero caos en la descarada violación por la especulación delictiva en todo el país. (Germán Carías Sisco)

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