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Nacional
Denuncian “masacre de El Junquito” ante organismos internacionales
7 de marzo de 2018
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Una reunión de trabajo en Bogotá, para analizar la grave crisis y violación de los derechos humanos en Venezuela, sostuvo el parlamentario nacional jubilado y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, con el relator para Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), el peruano Francisco Eguiguren.
En compañía de los magistrados en el exilio, José Luis Rodríguez Piña y Rafael Antonio Ortega Matos, Walter Márquez replanteó a Eguiguren el tema de la Comunidad Morales, cuyo expediente cursa ante ese organismo; el caso de Joel Rojas, quien estuvo preso “de manera arbitraria” por la conocida masacre de Mata de Caña, “cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la que este grupo irregular asesinó a varios soldados, guardias nacionales y técnicos de Petróleos de Venezuela”, al tiempo que le consignó un informe sobre el delito de exterminio en Venezuela, “por la privación de alimentos y medicinas en el país, el cual va a ser incorporado a los análisis que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca)”.
Otro de los temas ampliamente discutidos fue la denuncia que se consignó ante el funcionario de la OEA sobre la “masacre de El Junquito”, en la que fueron asesinadas siete personas, entre ellas Óscar Pérez y la tachirense Lisbeth Ramírez, cuyos familiares han solicitado a Walter Márquez que “los siga acompañando en la búsqueda de justicia, a nivel nacional e internacional”, por lo que le solicitó a la Comisión Interamericana que abriera una averiguación por la responsabilidad del Estado venezolano.
En este caso, recordó Márquez que el abogado tachirense William Cárdenas Rubio, presidente de la Plataforma Democrática Venezolana, residenciado en Madrid, España, “hace unas semanas consignó una denuncia en la Corte Penal Internacional en La Haya sobre la masacre de El Junquito y el caso de Óscar Pérez y Lisbeth Ramírez, y esta semana está consignando un nuevo escrito sobre la ocultación y alteración de evidencias, ya que el régimen de Maduro contravino lo establecido en la legislación nacional y tratados internacionales, al destruir la vivienda donde estaban las víctimas y al haber limpiado la zona para desaparecer pruebas de todas las evidencias criminalísticas que comprometen seriamente a los autores intelectuales y materiales de este reprochable crimen colectivo, tipificado como un delito de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7, numeral A, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Por la “masacre de El Junquito” cursan dos denuncias complementarias, una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington para exigir la responsabilidad del Estado venezolano, y otra ante la CPI en La Haya, para exigir la responsabilidad de Nicolás Maduro y el alto mando militar y policial en este hecho lamentable, que demostró una vez más que en Venezuela se vulneran abiertamente el derecho a la vida y las garantías constitucionales. (LZ)
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