Plantean entregar a Lula informe electoral llevado por la oposición a Brasil
28 de noviembre de 2024
César Pérez Vivas
Estamos presenciando la ejecución en cámara lenta, por parte de la cúpula en el poder, de un golpe de estado a la soberanía popular. El proceso está en desarrollo. La camarilla roja sabe perfectamente que está aborrecida por más del 80% de nuestra nación. Tiene plena conciencia de que en unas elecciones medianamente competitivas serán barridos del poder. Por eso están ejecutando un proceso electoral arbitrario, atropellado e inmoral para justificar su permanencia en el poder. Pretenden montar unas elecciones donde solo participen ellos y unos cuantos personajes que le son afines. La firme determinación de la sociedad democrática de concurrir al proceso electoral los ha colocado en grave apremio y los está llevando al más absurdo, arbitrario y por lo tanto ilegal e inconstitucional comportamiento Esta última semana ha sido especialmente pródiga en violación directa y abierta del bloque de la legalidad. Vale decir la cúpula roja, bajo la directa conducción del Señor Nicolás Maduro, está adelantando un golpe de estado al orden constitucional para retener el poder.
Los golpes de estado no lo dan solo para sacar del poder a un determinado personaje y sus respectivos equipos. También hay golpes dados por quienes en funciones de poder, usando ilegal e inmoralmente el mismo, violentan el orden constitucional para retenerlo. La vigente constitución de la República establece claramente el derecho de participación política en su artículo 62, y del sufragio, artículo 63, como instrumento de la soberanía popular.
El artículo 5 constitucional expresa claramente: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”
La norma anterior se ve reforzada por la del artículo 6 que dice: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.” Dice electivo. Vale decir el gobierno se elige en “elecciones libres”.
Maduro no permite elegir, se niega rotundamente a que la soberanía popular se exprese. Son públicas, notorias y bien documentadas las burdas maniobras de los poderes bajo su férreo control, para cerrar la participación en el proceso electoral presidencial anunciado, a sectores significativos, para mi ampliamente mayoritarios, de la sociedad venezolana. De esa forma se viola flagrantemente los citados artículos 62, 63, 5 y 6 de nuestra carta magna.
Maduro no permite, a un denso segmento de los ciudadanos, ni elegir, ni ser elegidos. Con un cronograma breve y sobrevenido, de lapsos perentorios, se le niega el derecho a votar a más de seis millones de ciudadanos. En menos de un mes, con escasos centros de inscripción, muchos de ellos clandestinos o en lugares inaccesibles para la mayoría, se busca evitar la inscripción de más de 2 millones de nuevos votantes que no están inscritos en el Registro Electoral Permanente, así como la actualización de datos y cambios de residencia de otros dos millones de ciudadanos. Tampoco se adelanta ninguna actividad para garantizar el derecho a elegir a más de dos millones de residentes en el exterior. Todo ese proceso se adelanta en abierta violación al artículo 62 de la Constitución que ordena “facilitar el ejercicio de los derechos”, y a la ley orgánica de procesos electorales que también ordena dar todas las facilidades para efectuar el registro electoral.
Pero la violación más descarada del artículo 5 de la Constitución, ya citado, ocurre con la larga lista de atropellos cometidos desde el Poder Electoral para impedir la participación de la oposición democrática. Por una parte casi todos los partidos políticos históricos y otros más recientes han sido intervenidos por el poder público a través de decisiones judiciales. Resulta un hecho absolutamente irregular, propio de una perversión, que todos ellos tengan unos directivos o representantes nombrados por el poder del estado y no por sus afiliados. De esa forma cierran, de manera significativa, el camino al ejercicio del voto, base del ejercicio de la soberanía popular. Ahora con ocasión de la convocatoria a la elección presidencial se le clausura el registro a partidos de larga data, como el MAS, o de reciente creación como Unión y Progreso, que habían cumplido con los requisitos legales y con la votación mínima exigida. Pero se crean otros, sin firmas, ni votos, para postular personajes (por ejemplo Ceballos y Ratti) cuyo comportamiento público es de clara alineación con el gobierno de Maduro.
Todo ese cuadro se monta para reducir a solo dos partidos o tarjetas la posibilidad de postular candidatos de la oposición, con la amenaza de eliminar vía TSJ una de ellas. A la hora de acudir a efectuar la postulación de la candidatura correspondiente no se les permite hacerlo. Se le bloquea el acceso al sistema automatizado. Todo esto se ha venido haciendo de forma fáctica, vale decir sin el debido proceso administrativo establecido en la ley, sino por decisiones ejecutivas al margen de toda formalidad legal. Estamos frente a un ejercicio de poder arbitrario. Al margen de la legalidad, de los procedimientos establecidos precisamente para garantizar los derechos subjetivos de los ciudadanos y de las organizaciones que representan a los mismos.
Tales decisiones están claramente destinadas a cerrar la posibilidad de ejercicio del voto a la mayoría de la ciudadanía. Buscan lanzarnos a la abstención, montar un proceso electoral donde no se le permite participar a esa mayoría, y eso es un vulgar golpe de estado a la voluntad popular.
La democracia participativa y protagónica ha terminado siendo una caricatura de mala factura, donde solo participan los que adulan a la cúpula roja y son protagonistas los que ofrecen sus alabanzas al poder establecido, todo por unas monedas. Quienes tenemos ideas y propuestas diferentes somos bloqueados, hostigados y descalificados; otros, con peor suerte muertos, presos o exiliados.
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