(EFE).- Ecuador sigue con la incertidumbre sobre las consecuencias que traerá para el país la irrupción policial violenta a la Embajada de México en Quito y la consecuente ruptura de relaciones bilaterales decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, justificó esa irrupción porque debía detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de supuesta corrupción y quien se había refugiado en esa sede diplomática a la espera del asilo político, que México finalmente concretó pocas horas antes de su arresto y traslado a una cárcel de máxima seguridad.

Previamente, Ecuador había declarado “persona non grata” a la embajadora mexicana Raquel Serur, que este domingo regresó a su país con todo el personal de la legación diplomática que dirigió y con el respaldo de varios embajadores de países amigos que fueron a despedirla en el aeropuerto de Quito.

México, que recibió el respaldo unánime de la comunidad americana, pondrá una queja en el sistema internacional de justicia por el agravio causado por Ecuador, ahora vulnerable incluso a sanciones de tipo financiero y comercial, según advirtieron varios analistas.

El Gobierno de Ecuador, que recibió la condena casi total de la comunidad internacional, ha intentado justificar sus acciones bajo el argumento de su lucha contra la corrupción en el marco de una guerra declarada por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado que agobia a su país.