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25 de noviembre de 2024
Eduardo Marapacuto
El presidente en ejercicio y reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó el pasado miércoles 31 de julio al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que investigue los resultados de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, afirmando que está preparado para presentar todas las actas de votación. En una jugada maestra, propia del gran estratega político que es, Maduro acudió al máximo tribunal, para pedir una investigación exhaustiva del proceso, que incluya un «peritaje de los resultados» y del «ataque cibernético» que sufrieron los sistemas del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación.
«Me someto a la justicia», declaró el mandatario, solicitando al Tribunal Supremo que cite e interrogue a todos los candidatos que participaron en los comicios para que presenten sus pruebas. Como es del conocimiento de todo el país y el mundo, el CNE proclamó oficialmente a Maduro como presidente reelecto, en su segunda reelección, otorgándole una victoria con el 51% de los votos frente al 44% del opositor Edmundo González. Por otro lado, la oposición, con Edmundo González como candidato, y María Corina Machado, como usurpadora de esa campaña, sostienen que ganaron los comicios por un margen considerable y exigen a las autoridades la publicación de las actas electorales. Bueno, ese es el mejor escenario para que la oposición presente todas las pruebas, si es que realmente las tienen. Jaque mate.
En una especie de cayapa, de “todos contra uno,” gobiernos de la región y de otras partes del mundo, se han sumado a los reclamos, incluyendo a Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea. Dígame Perú, donde gobierna una dictadora; Costa Rica y Chile, que no tienen ni voz ni dignidad para opinar. Venezuela, a través del liderazgo y voz de Nicolas Maduro, afirmó: «el gran Polo Patriótico está listo para presentar el 100% de las actas que están en nuestras manos».
Ahora bien, sin ser jurisconsulto ni experto en cuestiones electorales, el Recurso Contencioso Electoral es una figura jurídica diseñada para la resolución de controversias respecto a los resultados de una elección. En el contexto venezolano, donde la polarización política marcó la pauta en las recientes elecciones, la interposición de un Recurso Contencioso Electoral por parte del presidente Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para investigar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 cobra un significado profundo. Desde la perspectiva del ajedrez político es una jugada de jaque mate y agua bendita.
Efectivamente, la decisión de Nicolás Maduro de presentar un Recurso Contencioso Electoral en un momento tan crucial como el post-electoral refleja, en primer lugar, la certeza de la victoria de las fuerzas revolucionarias. Al solicitar una investigación sobre los resultados, Maduro busca los caminos de la legalidad; es decir, los caminos establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde la perspectiva política, es un acto de alta estrategia política canalizada a través de mecanismos legales. Igualmente, desde la perspectiva jurídica, el recurso de amparo en sí mismo representa una herramienta de protección de derechos y un verdadero intento de justicia electoral.
La interposición del Recurso Contencioso Electoral por Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para investigar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, es un reflejo de su lealtad a la decisión soberana del pueblo venezolano de reelegirlo para un nuevo periodo presidencial. Esta acción no solo resalta la estabilidad del sistema político, sino que también pone en claro que somos una Patria soberana con un claro marco constitucional y una fuerza política indetenible. ¡Qué así sea!
*Politólogo, MSc. en Ciencias Políticas.
Investigador RISDI-Táchira
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