Regional

La paz poselectoral está en suspenso en Venezuela

28 de agosto de 2024

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La negativa internacional a reconocer los resultados electorales avalados por el TSJ es la mayor actividad cumplida en este primer mes luego de las elecciones del 28-J

Humberto Contreras

Este miércoles, a un mes de haberse cumplido el acto de elección presidencial más controversial de la historia política del país, desde 1830, los venezolanos estamos inmersos en una crisis poselectoral, que aún no muestra definición, lo que mantiene a la expectativa la actividad en general de la población, en especial en las áreas económica, social y laboral, lo que no ocurre en el área judicial ni en la política (movimiento político y gestión parlamentaria).

Mientras, Juan Carlos Delpino, uno de los cinco rectores principales del CNE, denunció públicamente el 25 de agosto la “falta de transparencia”, así como “incumplimiento de normas y reglamentos esenciales” en el proceso de recuento de los votos el 28 de julio, lo que le lleva a concluir que los resultados ofrecidos por el régimen no son “veraces”, la validación de los datos del CNE por parte del TSJ, publicada el jueves, 22, ha provocado la reacción internacional.

El viernes 23, once países del continente, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, firmaron un comunicado conjunto en contra del fallo, y exigen la publicación de las actas electorales para reconocer los resultados. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, calificó de «grosero e insolente» ese comunicado.

Luego, el sábado, los presidentes de Brasil y de Colombia dijeron que la credibilidad del proceso electoral de Venezuela “sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables” y pidieron evitar la represión. También El presidente de México, dijo no reconocer aún el resultado ratificado por el TSJ, e insistió este viernes que se debe difundir las actas electorales.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este viernes el fallo del TSJ, porque “Carece de imparcialidad e independencia», mientras que la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees condenó, la validez e integridad del dictamen del TSJ, en «primer lugar porque la validación de resultados electorales está fuera de su mandato y jurisdicción, y del Estado de Derecho en Venezuela”.

En Europa

El sábado, los 27 países de la Unión Europea desestimaron la sentencia del TSJ, y declaran “insuficientes”, las pruebas presentadas por el Gobierno hasta ahora. La UE advierte que solo reconocerá los resultados “completos” y verificados de manera independiente, e insta al CNE a publicar las actas de todos los centros de votación.

En particular, el mismo día, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo que, de parte de España, no habrá reconocimiento a Maduro o a González, hasta que se hagan públicas las actas y puedan verificarse. “No reconoceremos unas cifras que nadie sabe de dónde salen, y menos cuando las dudas de los primeros momentos empiezan a ser algo más que dudas”.

Entre tanto, el PP, principal partido de oposición en España, este lunes 26, reclamó a su gobierno que reconozca la victoria de la oposición. Su portavoz, Borja Sémper, criticó la “calculada y vergonzosa equidistancia” de su Gobierno sobre las elecciones en Venezuela, bajo sospecha de fraude. Anunció que contacta a otros partidos para llevar al Congreso una “iniciativa para que España reconozca a González.

Actividad parlamentaria

Luego del acto electoral del 28 de julio, la Asamblea Nacional reinició la discusión sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, para controlar la creación y operatividad de las Oenegés.

El proyecto de la misma fue introducido al parlamento en enero de 2023, y la primera discusión llevó varias sesiones hasta el 21 de mayo del mismo año, cuanto fueron suspendidas, luego de aprobar solo 9 de los 39 artículos que la conforman. Sin embargo, en senda sesiones realizadas los días 13 y 15 de agosto pasados, “la Ley fue aprobada por unanimidad”.

Para el marte 20 de agosto, la agenda parlamentaria contemplaba el inicio de la discusión sobre el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, instrumento el cual forma parte de un paquete de leyes solicitadas por el presidente Maduro. El presidente de la AN, según informaron medios capitalinos e internacionales, suspendió la sesión la noche del lunes 19.

La mayoría parlamentaria absoluta del oficialismo, 256 de los 277 diputados de la AN, tiene previsto legislar también sobre redes sociales, que según el gobierno asegura, son usadas para generar violencia y lanzar «campañas de odio».

En otras actuaciones de la plenaria, en la sesión de la tarde del jueves 22 de agosto aprobó por mayoría calificada en primera discusión, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la cual tiene que ver con los jueces de paz, y la resolución de conflictos en las comunidades.

También aprobó en primera discusión, el proyecto de Ley de Simplificación de las Contribuciones Especiales, de conformidad con el artículo 104 de Reglamento Interior y de Debates. Se llama “contribuciones especiales” a los tributos creados para financiar obras o servicios públicos.

La Actividad Judicial

Este fin de semana, se conoció la segunda citación de la Fiscalía a Edmundo González, para este martes 27, a las 10 de la mañana, pero el domingo, en sus redes, dijo González que “El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca, y precalificando delitos no cometidos”. El fiscal condena por anticipado, dijo, y ahora impulsa una situación sin garantías de independencia y del debido proceso.

Adicionalmente, varias ONG reportaron este lunes 26, el traslado de personas detenidas luego de las elecciones, a las cárceles de Tocuyito, en Carabobo; Tocorón en Aragua, y a otros centros no especificados. Según la información difundida en redes, más de 300 hombres, entre 18 y 30 años, fueron movilizados en autobuses, custodiados con extremas medidas de seguridad, por vehículos blindados, desde la cárcel de Yare III en el estado Miranda.