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Política
Denuncian a Maduro en CPI de La Haya por el crimen de “exterminio”
21 de marzo de 2018
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Este lunes fue consignado ante la Corte Penal Internacional en La Haya un voluminoso expediente sobre “el holocausto de la salud en Venezuela, crimen de exterminio, establecido en el artículo 7, numeral 1, literal B del Estatuto de Roma, denuncia que refleja cómo se ha afectado la calidad de vida de casi 30 millones de habitantes, lo que ha originado también un éxodo masivo de más de 4 millones de venezolanos, producto de la privación de alimentos y medicinas y la crisis humanitaria que atraviesa el país”.
Según refiere boletín de prensa enviado a Redacción, la investigación fue coordinada por Walter Márquez, experto en derechos humanos y activo parlamentario jubilado de la Asamblea Nacional, así como profesor de Metodología de la Investigación de la Universidad de Los Andes.
Durante el anuncio estuvo acompañado por los periodistas Humberto Contreras, Judith Valderrama, Mariana Duque y Magaly Guerrero, quienes hicieron la investigación hemerográfica y documental, además de los abogados Jesús Alberto Berro, quien fuera funcionario de la Policía Judicial y juez superior penal; Ana Hernández, directora general de la Fundación El Amparo, y Juan Carlos Gutiérrez, del Colegio de Abogados Penal Internacional, quienes suscribieron el escrito ante la justicia internacional, el cual es apoyado por la Federación Médica Venezolana que preside Douglas León Natera; el Colegio de Nutricionistas de Venezuela, que preside Nixa Martínez, además de los médicos Juan Manuel Guevara, Adolfo Sánchez Fernández y la Plataforma Democrática en Madrid, que lideriza el abogado William Cárdenas Rubio.
Esta denuncia, al igual que una anterior por deportaciones forzosas en el año 2015 y el cierre de fronteras, constituyen crímenes de lesa humanidad, además de otra que fuera remitida por Walter Márquez, en base al informe de agosto de 2017 del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las protestas populares en Venezuela entre abril y julio del año pasado.
Con la denuncia de exterminio, Walter Márquez le solicitó a la Corte Penal Internacional que “establezca la responsabilidad personal del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien, entre otras acciones, vetó la Ley de solución a la crisis de la salud, aprobada por la Asamblea Nacional, remitiéndola a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que la anulara, y además negó el canal humanitario. Sus políticas económicas han generado una profunda crisis social y humanitaria en el país, con la escasez de alimentos y medicinas y paralización del aparato productivo”.
—Ante esta gravísima situación, el Dr. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, calificó estos hechos como el holocausto de la salud en Venezuela, una crisis humanitaria compleja. La gente muere por falta de medicinas, de cirugías, transfusiones, diálisis, afecciones renales, una desnutrición avanzada en niños y ancianos, los trasplantados se mueren porque no tienen los medicamentos necesarios; han reaparecido enfermedades que habían sido erradicadas, como la malaria y la difteria, y ha aumentado el VIH, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud— enfatizó Márquez.
También recordó que la Federación de Farmacéuticos de Venezuela, que preside Freddy Ceballos, ha señalado que “desde 2016 ha aumentado en 85 % la escasez de medicamentos y a pesar de no haber estadísticas, porque el gobierno las ha prohibido, niega la crisis humanitaria por falta de alimentos y medicinas y rechaza la ayuda humanitaria, por lo que organizaciones como la Asamblea Nacional, Provea, Cáritas e instituciones internacionales, entre ellas Human Right Watch (HRW), la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por la gravísima situación en Venezuela, debido a la crisis de alimentos y medicinas que incide directamente en la salud de la población, al igual que la Unión Europea, la OEA, el Secretario General de la OEA, el Secretario general de la ONU, la CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Parlamento Europeo, instituciones que monitorean permanentemente la crisis venezolana”.
Desnutrición y mortalidad infantil
De acuerdo al informe de diciembre de 2017 de Cáritas, que dirige Susana Raffalli, una ONG de la Iglesia católica, ha aumentado en 68 % la desnutrición en los niños y la mortalidad infantil se incrementó en 25 % cada año, por lo cual a mediano plazo pueden morir 300.000 niños, producto de la escasez de alimentos y medicinas y por el alto grado de desnutrición. A esto se agrega que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que se incrementó en un 30 % la mortalidad infantil en el año 2017 en Venezuela. En el reciente informe de Cáritas, publicado el 25 de octubre de 2017, se señala que 4,5 millones de habitantes en Venezuela comen una vez al día, el 80 % de los 30 millones de venezolanos come solamente dos veces al día, y el 3% de la población infantil tiene retardo de crecimiento, lo cual incidirá en retardo mental.
Manifestó Márquez que “una de las expresiones que resumen la crisis de la salud en nuestro país fue la de la médico Dora Colmenares, jefa del departamento quirúrgico de la Universidad del Zulia y jefa de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo, en febrero de este año, quien señaló que “en Venezuela los campos de exterminio son nuestros hospitales, porque allí vemos cómo nuestros pacientes se nos van muriendo, no por la enfermedad sino por la falta de medicamentos”.
Frente a esta situación -acentuó Márquez, “es importante señalar que el Estatuto de Roma califica como exterminio la imposición intencional de condiciones de vida, lo cual está sucediendo en el país y la privación al acceso de alimentos y medicinas, encaminados a causar la destrucción de parte de su población, calificando como un holocausto de la salud y delito de exterminio la actuación de Nicolás Maduro y el alto gobierno venezolano”, destacó el parlamentario venezolano”.
Añadió que la denuncia se remitió vía web a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el expediente será entregado personalmente en la CPI por José Manuel Pinto, presidente del Comité de Venezolanos en La Haya.
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