Humberto Contreras

Las perspectivas de los resultados de los indicadores de la economía nacional, para finales de año, dependen de una variable importante nacida luego del 28 de julio: la continuidad o no de la flexibilización de las sanciones de parte de Estados Unidos, pues ello impactará positiva o negativamente, según el caso, los resultados finales.

Es la idea que resume el doctor Dilio Hernández, economista tachirense director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospecto, CIAP, al ser consultado sobre el tema. Nos dice que hay dos componentes importantes que reciben directamente el impacto, positivo o negativo, de esa decisión. El primer componente de esta ecuación, explica, es la devaluación del bolívar.

–Hay que verla –dice- en el contexto de la política cambiaria que viene desarrollando el Banco Central de Venezuela para mantener subvalorado el dólar en el transcurso del año, mediante la intervención directa en el mercado, con una inyección de divisas que le ha costado al Fisco alrededor de 3.500 millones de dólares en los 8 primeros meses del año, es decir, unos 450 millones mensuales.

De mantenerse esa tendencia, agrega, estaríamos finalizando el año con un monto cercano a los 5.000 millones, lo cual equivale a casi 50 % de los ingresos netos estimados para 2024, por exportaciones petroleras. Pero ello es si, y solo si, se mantiene la flexibilización de las sanciones, al menos de la licencia 41 que ampara a Chevron y a otras empresas petroleras activas, pues de lo contrario estas proyecciones podrían modificarse reduciendo el margen de maniobra del BCV en el mercado cambiario, lo que significa que la cotización de la divisa podría duplicar el valor actual, al final del año, actualmente cerca de 37 bolívares.

Indica Hernández que desde el punto de vista estrictamente económico, está política es insostenible, no sólo por la volatilidad del mercado petrolero y los propios cambios de la política norteamericana de revisar estas licencias, en caso de no haber acuerdos en el escenario político post 28 J, sino además, inútil, porque se estaría corriendo la arruga en un mercado con una creciente demanda de divisas y una oferta limitada, que empuja hacia arriba la relación bolívar/dólar.

–Y, especialmente –señala-, si agregamos que las proyecciones de crecimiento de la economía en lo que resta del año predicen una desaceleración que dejaría su indicador principal, el PIB, por debajo de 3 %, impactado por la complejidad del ambiente postelectoral.

Ahora bien, agrega, el Gobierno podría mantener la política de no devaluar oficialmente, deslizando el valor de la moneda norteamericana en la medida en que la presión fiscal sea mayor, lo cual llevaría el costo de la misma, al final del año, a un monto cercano a los 50 $, asumiendo el costo financiero de la intervención sobre el déficit social, el congelamiento de salarios o un aumento marginal, además de deficientes servicios públicos, y precariedad de la seguridad social, entre otras. 

La Inflación

Agrega el profesor universitario que desde el segundo componente de la ecuación, como es la inflación anclada a la sobrevaluación del bolívar, la contracción de la demanda por el bajo poder adquisitivo de los salarios y la asfixia del sistema financiero para elevar el crédito tanto a empresas como a las unidades familiares, poder mantener su indicador en un digito intermensual, dependerá del freno a la expansión monetaria.

En este sentido, señala Hernández, la expansión alcanzó en los 8 primeros meses del año más de 134 mil millones de bolívares; o sea, un crecimiento de 214 %, elevando su proyección para fin de año a entre 180 y 200 mil millones de Bs., considerando la presión del gasto de fin de año tanto a las empresas como a la familia. Entonces, es posible esperar, de mantenerse la política de racionalización de la liquidez, que la inflación acumulada se mantenga cercana a 50 %, y la interanual por debajo de 100 %.

–En conclusión, podríamos decir que se mantendrá la política de devaluación no oficial, o a cuenta gotas, y que la inflación crecerá moderadamente en valores inferiores a los del año 2023, pero con mayor impacto negativo en la calidad de vida del venezolano, por las condiciones de pobreza de ingresos que vive cerca de 90 % de su población.

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