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Internacional
31 países exigen respetar voluntad del pueblo venezolano y liberar presos políticos
26 de septiembre de 2024
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En el marco de la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, 31 países debatieron sobre la urgente situación en Venezuela.
“31 países se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU para discutir nuestras graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en el país”, se indicó en el pronunciamiento de este jueves 26 de septiembre.
Señalaron también que aplauden al pueblo venezolano por su participación en la elección presidencial del 28 de julio a pesar de los significativos desafíos. «Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, casi dos meses han pasado desde la elección, y las demandas de transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta”, puntualizaron los países.
Recordaron que los observadores electorales internacionales documentaron serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, «en particular la negativa del Consejo Nacional Electoral a publicar resultados detallados y verificables de forma independiente de los centros de votación, como es requerido”.
El texto fue suscrito por Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, el Reino Unido y los Estados Unidos, tras una reunión al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York donde debatieron las «graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela».
El grupo reiteró su «apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos» en Venezuela.
A continuación el comunicado conjunto:
Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho a votar. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han pasado casi dos meses desde la elección y los reclamos de transparencia electoral tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional siguen sin respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado sus serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, en particular la negativa de la Comisión Electoral Nacional a publicar resultados detallados y verificables de forma independiente de los centros de votación, como se exige.
Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los abusos y violaciones de los derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias (incluso de niños), muertes, negación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto por motivos políticos emitida el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien, según los registros electorales disponibles públicamente, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio, lo obligó a abandonar el país.
Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respeto por las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Hacemos un llamado a poner fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil.
También pedimos el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente su mandato. Además, llamamos a Venezuela a defender y cumplir con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindando un paso seguro a los seis solicitantes de asilo que actualmente residen en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano.
Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien discusiones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impasse político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Nos solidarizamos con los millones de venezolanos que continúan arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país.
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