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Familiares aseguran que fueron detenidos por la DIGCIM en la aduana, cuando retornaban a Colombia
Jonathan Maldonado
Lina Marcela Rojas Castellanos, de 19 años, y su pareja, Nelson Cabrera Medina, de 51, ingresaron el pasado sábado 19 de octubre a San Antonio del Táchira, en el municipio fronterizo Bolívar, provenientes de Villa del Rosario, a buscar una torta que mandaron a hacer. De retorno a Colombia, fueron interceptados en la aduana principal de la ciudad por Migración Venezuela, interviniendo luego funcionarios de la DGCIM.
El relato lo dio a conocer la madre de la joven, Jenny Castellanos, al indicar que a la pareja la tuvieron por varias horas en la aduana de San Antonio, donde los funcionarios ingresaron al novio de la muchacha, de nacionalidad peruana, a una oficina, para proceder, aparentemente, a interrogarlo.
«Mi hija, de nacionalidad colombiana, logró comunicarse conmigo y me dirigí a la aduana. Como ese día se iba a celebrar un cumpleaños, ella me pidió que me fuera en taxi con la torta para ir adelantando, mientras se solventaba lo del interrogatorio que le estaban haciendo», puntualizó la angustiada madre.
Llegó la hora del cierre del puente, 9:00 p.m., y «mi hija me escribió que los iban a trasladar a Tienditas. En el carro, una Fortuner color blanco, propiedad de Cabrera Medina, se montaron los funcionarios con mi hija y el novio, y se los llevaron».
En Tienditas, prosigue la progenitora, su hija consigue hacer una última llamada, cerca de las 10:00 p.m., y le dice a su mamá que no le escriba más porque le iban a «quitar» el teléfono celular. «Desde ese instante no sé más nada de ellos», resaltó.
Se trata del segundo caso de detención en menos de un mes donde están involucrados hombres de nacionalidad peruana. El pasado 22 de septiembre, dos mujeres valencianas, y el taxista que las trasladaba, fueron detenidos en Peracal, junto a un peruano, pareja de una de las ciudadanas y el mototaxista que le hacía la carrera al extranjero.
Ambos casos se han tratado con mucha opacidad por parte de las autoridades, pues los familiares, pese a las insistencias en diversas instituciones del Estado, no han recibido respuesta oportuna. Solo se conoce lo que dijo recientemente el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien presentó ante los medios al primer peruano desparecido como supuesto mercenario.
Jenny Castellanos se ha dirigido a todos los organismos de seguridad ciudadana y nadie le da información sobre adónde fueron trasladados y el por qué siguen detenidos. «Ellos solían pasar con frecuencia a San Antonio, pues mi casa la tengo en Llano de Jorge», subrayó, y exige a las autoridades una respuesta inmediata.
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