Las severas sanciones a medios de comunicación y posibles restricciones a la libertad de expresión, resaltan entre los elementos que contiene la recién aprobada Ley Simón Bolívar en Venezuela.

Aunque de acuerdo a lo señalado por el gobierno, con esta ley “se busca proteger la soberanía y los derechos de la población frente a medidas coercitivas unilaterales”, ciertas disposiciones podrían vulnerar principios constitucionales fundamentales.

Y es que una vez más, los medios de comunicación son puestos bajo la lupa gubernamental. La Ley Simón Bolívar, sanciona la difusión de mensajes relacionados con las sanciones a funcionarios y la administración de Maduro. De acuerdo al artículo 17, los medios que promuevan tales mensajes podrían enfrentarse a sanciones severas, como la revocación de concesiones y multas desproporcionadas. Esto, contravendría con el derecho a la libertad de expresión garantizado en los artículos 57 y 58 de la Constitución.

Otro aspecto resaltante, estaría relacionado a posibles vulneraciones al debido proceso ya que la Ley Simón Bolívar señala la celebración de juicios en ausencia del acusado, la cual está contemplada en el artículo 12. Esto, podría contravenir el artículo 49 de la Constitución, que establece la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

Del mismo modo, la celebración de juicios en ausencia del acusado, contemplada en el artículo 12 de la Ley, podría contravenir el artículo 49 de la Constitución, que establece la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

Aunado a esto, las penas establecidas según el artículo 8 que estipula sanciones de 25 a 30 años de prisión, podría considerarse desproporcionado en comparación con otros delitos graves contemplados en el Código Penal. Además, la posibilidad de inhabilitación política por vía administrativa (artículo 9) podría vulnerar el artículo 42 de la Constitución, que exige un fallo judicial firme para restringir los derechos políticos.

De acuerdo a todo lo señalado anteriormente, se estaría en presencia de una ley que podría vulnerar los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como los principios democráticos consagrados en la Constitución.

 Redacción La Mañana Digital