Aruba debe ajustar sus condiciones a lo que establece el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos que evita la deportació

Un juez de apelaciones de Aruba prohibió al gobierno de la nación insular, dirigida por Evelyn Wever-Croes, ejecutar deportaciones de migrantes que estén en tribunales luchando contra las medidas que impiden concederles el asilo.

De acuerdo con la sentencia, Willemstad debe ajustar sus condiciones a lo que establece el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho de “no devolución” a un territorio donde se considera que corre riesgo la vida de una persona.

La decisión del juzgado de Aruba fue producto de la apelación de un barbero venezolano de 27 años, que salió en 2019 del país, pidió una medida de protección en 2021 ante el Ejecutivo de la isla y dos años más tarde, volvió a presentarla.

En ese momento, el Ministerio de Justicia y Asuntos Sociales, a cargo de Rocco Tjon, desestimó la primera petición del venezolano, y ordenó su inmediata expulsión de la isla; aplicando su decisión con base en la Ordenanza Nacional sobre Admisión y Deportación, y la Ordenanza Nacional sobre Jurisdicción Administrativa.

El juez puso de relieve que su sentencia no solo debe ser acatada en lo referido a este caso, sino también “tiene un alcance más amplio”; es decir, se fija un criterio para posteriores actuaciones del gobierno arubeño ante circunstancias similares.

“Hasta la entrada en vigor de este reglamento el ministro, a fin de proporcionar el recurso efectivo necesario, debe adoptar la política fija de que los extranjeros siempre pueden esperar una objeción o un recurso contra el rechazo de una solicitud de protección en Aruba. Por lo tanto, la deportación debe suspenderse hasta que se haya tomado una decisión sobre la objeción”, indicó el letrado.

La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) presentó el pasado viernes 6 de diciembre su plan de respuesta 2025-2026 para atender las necesidades de estas personas, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a fin de prevenir movimientos migratorios y las necesidades que tengan.

De acuerdo con lo anunciado, para esa meta necesitan en el primer año alrededor de 1.400 millones de dólares; que apoyará a más de 2,3 millones de personas refugiadas y migrantes vulnerables y a sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe. Se requiere la colaboración y el compromiso de la comunidad internacional a fin de prestar ayuda financiera a los países de acogida.

Con información de Crónicas del Caribe

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