La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que el Gobierno de Estados Unidos no tiene dudas de que los migrantes venezolanos enviados y encarcelados en El Salvador son miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

Leavitt aseguró en una rueda de prensa que la decisión del Gobierno de Donald Trump se basó en «información de inteligencia» de las autoridades fronterizas y de inmigración.

«Puedo asegurar al pueblo estadounidense que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional están seguros de las identidades de las personas que iban en esos aviones y de la amenaza que representan para nuestra patria. Se toman esto muy en serio», aseguró la portavoz.

«Los hombres y mujeres sobre el terreno, en el interior de nuestro país, finalmente pueden hacer su trabajo. Sus manos estaban atadas bajo la administración anterior, pero se toman su trabajo muy en serio. El pueblo estadounidense debe confiar en ellos y respetarlos con esta operación», añadió.

Rechazo a decreto para impedir la deportación

En el mismo sentido se expresó el subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien negó este lunes que el juez federal que bloqueó temporalmente la ley para acelerar las deportaciones tenga competencias para hacerlo.

«Si un juez de distrito puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», dijo a los medios Miller, el arquitecto de la política migratoria de Trump.

Además, la Casa Blanca negó este lunes que el Gobierno ignorara la orden judicial emitida el sábado para impedir la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador mediante la invocación de la ley de enemigos extranjeros y aseguró que el decreto del juez federal carece «de fundamento legal».

«La Administración no se ‘negó a cumplir’ una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados ​​del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan», escribió hoy en un mensaje en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«Además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en varias ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada», añade.

La ley para que Estados Unidos deporte venezolanos

El sábado el juez federal James Boasberg había prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a dicha normativa.

Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial y Trump acudió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.

«Un solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que iban a expulsarse físicamente de territorio estadounidense», concluye el mensaje Leavitt.

EFE

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