La mañana de este lunes, la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Anahí Arizmendi, acudió a la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para solicitar que el organismo se pronuncie ante lo que consideró como la aplicación de una “ley de guerra” contra la población civil que, según dijo, “afectará la protección integral y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran migrantes en los Estados Unidos”.

Arismendi se refirió de esta manera a la Ley del Enemigo Extranjero, en la que se basó el Gobierno estadounidense para deportar a 238 venezolanos a El Salvador durante este fin de semana, y que Venezuela denuncia, no solamente por considerarla como violatoria de los derechos humanos, sino también por criminalizar a la migración.

La presidenta del Idenna entregó ante el organismo un comunicado en el que solicita a José Ramón Espinoza, representante adjunto de Unicef Venezuela, que se pronuncie ante la orden emitida por el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos de detener “a todos los venezolanos que tengan al menos 14 años de edad, sin la garantía de un debido proceso, colocando a la población migrante infantoadolescente, que estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, en estado de indefensión y con el riesgo de  ser enjuiciados como adultos al pretender vincularlos con organizaciones como el Tren de Aragua”, según reza el documento oficial.

De igual forma, el comunicado destaca denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos en EEUU, según las cuales se cometen permanentes abusos en los centros de detención de niños y niñas migrantes.