En el marco de la segunda edición del curso internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su Implementación”, realizado en Paraguay el pasado martes 6 de mayo, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Paraguay, fue expuesto el caso del empresario venezolano Ricardo Albacete, quien fue detenido en 2024 después de haber albergado a la líder opositora María Corina Machado en su residencia en el estado Táchira.

La información la dio a conocer al defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y diputado jubilado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, mediante boletín de prensa, quien precisó que el caso fue presentado en el trabajo titulado: “Modelo de gestión de un caso de violaciones graves de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” por parte de Marcia Daniela Aguilar Poma (Bolivia), Renee Mariño Álvarez (Uruguay), Daniela Carmela Tupayachi Esquieros (Perú) y José Luis Centeno (Venezuela).

Precisó Márquez que en la ponencia los expertos explicaron que Ricardo Alberto Albacete Vidal fue sometido a un proceso penal plagado de arbitrariedades, despojado de todos sus bienes y desterrado de Venezuela a finales del año 2024, por el sólo hecho de ejercer sus derechos civiles y políticos, particularmente por formar parte del equipo regional de campaña de la opción opositora liderada por María Corina Machado, especialmente por alojar a la líder opositora en su residencia como motivo del cierre de campaña en el estado Táchira en junio de 2024.

El defensor de derechos humanos explicó que ante un panel de calificados expertos de Mercosur, la Corte y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), con presencia del magistrado de la Corte Diego Moreno Rodríguez, fueron expuestas las violaciones graves a derechos humanos observadas en el caso del ciudadano Ricardo Albacete Vidal, a la luz del corpus iuris interamericano y el planteamiento para su abordaje tanto en la CIDH como en la Corte IDH, y, en la perspectiva académica, la incidencia de la de la responsabilidad del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que coadyuven al cumplimiento de sentencias de la Corte IDH.

Las violaciones graves a los derechos humanos de Ricardo Albacete, adquirieron especial connotación a la luz del derecho comparado abordado por una Defensora Pública del Estado Plurinacional de Bolivia y una Fiscal del Ministerio Público uruguayo. Mientras que la funcionaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), Daniela Tupayachi, abordó el cuerpo normativo (corpus iuris interamericano) aplicable al caso, y el abogado venezolano José Luis Centeno desarrolló los tópicos procesales inherentes a la presentación del caso ante las dos instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Destacó Walter Márquez que se mantiene la lucha por la restitución de los derechos del empresario Ricardo Albacete, quien además de haber sido desterrado, sus empresas han sido saqueadas y permanecen bajo tutela de la Policía Nacional Bolivariana.

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