Moisés Orraiz *

Colombia se enfrenta hoy a una verdad incómoda, pero inevitable: sus cuentas fiscales están al borde de la insostenibilidad. No es un fenómeno nuevo en América Latina, pero el deterioro reciente de sus cifras fiscales ha encendido alarmas que ya no pueden ser ignoradas. El país gasta más de lo que ingresa, y esa brecha —el déficit fiscal— se ha transformado en una carga que amenaza con minar su estabilidad macroeconómica.

La aritmética es simple, aunque sus consecuencias no lo sean: gastar por encima de los ingresos exige endeudamiento. Y cuando esa deuda crece sin control, el crédito se encarece, la confianza se debilita y las agencias calificadoras reaccionan. Es lo que ha ocurrido: tanto S&P como Moody’s han rebajado la nota soberana colombiana, reflejando la preocupación de los mercados internacionales. Este tipo de decisiones no son simbólicas; se traducen en mayores costos para financiarse y en una reputación que se erosiona en el radar de los grandes inversores.

La situación alcanzó un punto crítico con la suspensión de la Línea de Crédito Flexible por parte del Fondo Monetario Internacional. Este respaldo financiero, vigente desde hace más de una década, operaba como un colchón de confianza en momentos de volatilidad. Perderlo no solo es un llamado de atención; es una señal directa de que algo no se está haciendo bien en la conducción fiscal del país.

El problema de fondo no está solo en las cifras, sino en la política. Durante años, la clase dirigente ha optado por postergar las decisiones estructurales. Reducir el gasto o replantearlo implica un costo político alto, especialmente cuando buena parte de este está orientado a subsidios, transferencias o programas sociales que generan votos. Pero seguir aplazando reformas fiscales y de gasto solo agrava la dependencia del endeudamiento y reduce los márgenes de maniobra del Estado.

Ahora bien, es necesario matizar: no toda deuda es sinónimo de problema. Si el endeudamiento se orienta hacia infraestructura, tecnología, educación o desarrollo productivo, puede convertirse en un motor de crecimiento futuro. La clave es la calidad del gasto, no solo su volumen. El verdadero desafío radica en lograr que cada peso invertido se traduzca en productividad, competitividad y capacidad para generar ingresos que financien al Estado de manera sostenible.

Colombia se encuentra en una encrucijada. El camino de menor resistencia —seguir gastando sin ajuste— conduce a una fragilidad crónica. El otro camino, más difícil pero necesario, implica reformas serias: ampliar la base tributaria de forma justa, racionalizar el gasto público y fortalecer la transparencia en la gestión del presupuesto. Esto exige una narrativa política distinta, que no tema decir verdades incómodas y que priorice la estabilidad a largo plazo por encima de la rentabilidad electoral de corto plazo.

El país necesita un pacto fiscal, una conversación nacional honesta y valiente. De lo contrario, el deterioro actual no será una tormenta pasajera, sino el inicio de un ciclo de decadencia institucional que hipotecará el bienestar de generaciones futuras.

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Analista Financiero y Trader Retail