Opinión
¿Cómo enfrenta la FIFA la discriminación y las políticas migratorias en el contexto del Mundial 2026?

María Ninoska García de Morales

El fútbol, considerado el deporte universal, tendrá en 2026 una de sus citas más ambiciosas: la Copa del Mundo en Estados Unidos, junto a Canadá y México. El evento promete ser una celebración de la diversidad y una oportunidad para mostrar el poder integrador del deporte. No obstante, detrás de los reflectores y la euforia, existen realidades sociales de gran complejidad que rara vez ocupan el centro del debate público.

En este contexto, en los últimos tiempos, Estados Unidos ha implementado políticas migratorias más estrictas, incluyendo redadas y controles que han generado un clima de ansiedad entre las comunidades migrantes, muchas de ellas profundamente involucradas con el fútbol. De ahí que este contexto plantea una pregunta fundamental, habitualmente esquivada en los grandes foros: ¿puede la conflictividad contra inmigrantes llegar a poner en riesgo la continuidad de una sede para un Mundial?

Cabe destacar que, si bien la FIFA ostenta la autoridad para retirar la sede a un país anfitrión en circunstancias extremas, esta medida es extraordinariamente rara y suele reservarse para situaciones de guerra, inestabilidad política severa o falta de infraestructura básica. Hasta la fecha, no existe un antecedente en el que se haya reconsiderado una sede únicamente por cuestiones vinculadas a políticas migratorias o discriminación. Sin embargo, la posibilidad, aunque remota, está contemplada en los estatutos y constituye un recordatorio de que el fútbol no está al margen de las dinámicas sociales y políticas de su entorno.

En efecto, de acuerdo con el Artículo 3 de los Estatutos de la FIFA (FIFA Statutes, 2023), “la FIFA se compromete a respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y se esforzará por promover la protección de estos derechos.” Además, el Artículo 85 otorga al Consejo de la FIFA la facultad de retirar la organización de una competición si el anfitrión incumple con las obligaciones establecidas (“El Consejo decidirá si el país anfitrión ya no puede garantizar la organización del evento conforme a los requisitos de la FIFA”).

Por consiguiente, este escenario abre la puerta a una discusión crítica sobre el papel de la FIFA y el doble discurso con que, a veces, se aborda el tema de la inclusión. Aunque la organización proclama la defensa de los derechos humanos y la diversidad, las respuestas institucionales frente a contextos de discriminación suelen ser matizadas y, en ocasiones, insuficientes para generar cambios profundos. En este sentido, la presión internacional—proveniente de gobiernos, patrocinadores y sociedad civil—podría, en caso de una crisis humanitaria evidente, llevar a un reposicionamiento de la FIFA y, en última instancia, a contemplar medidas que hasta ahora se consideran impensables. No obstante, el impacto político y económico de una decisión así sería de magnitud considerable, lo que explica la reticencia institucional a actuar salvo en circunstancias críticas.

Más allá de los aspectos normativos, el Mundial 2026 se presenta como un espejo de las tensiones y oportunidades de una sociedad globalizada. La migración, lejos de ser un fenómeno marginal, está implicada en el tejido mismo del fútbol: desde los jugadores y los hinchas hasta quienes trabajan tras bambalinas para hacer posible el espectáculo. Así, el retirar una sede por conflictividad migratoria tendría un impacto simbólico profundo, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad social del deporte, pero también abriría un debate sobre los límites de la neutralidad institucional en contextos de alta sensibilidad.

En definitiva, mientras el mundo se prepara para celebrar, resulta esencial no perder de vista esa llaga silenciosa: la integración, la dignidad y el respeto por quienes, muchas veces desde la periferia, contribuyen a la grandeza del fútbol. El Mundial será verdaderamente universal en la medida en que logre abrazar la diversidad y enfrentar, con honestidad y diplomacia, los desafíos que nadie se atreve a discutir abiertamente.

Por un Derecho vivo, crítico y humanista

Doctora. en Innovaciones Educativas (UNEFA). M.Sc. en Derecho Procesal Penal (ULA). Especialista en Docencia en Educación Superior (UCV) y Derechos Humanos (Unilibre-Colombia). Abogado (ULA). Exdirectora de Relaciones Institucionales de la Asociación Olímpica de Derecho Deportivo de Venezuela (AODDV). [email protected] . WhatsApp +58 426 3764194.