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25 de noviembre de 2024
Internacional
Condenados dos miembros del Ejército mexicano por violar y torturar a una mujer indígena
19 de junio de 2018
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Un fallo judicial, que condena a dos miembros del Ejército por la violación y tortura de una mujer indígena en 2002, marca la primera vez que México sanciona a militares por violación de derechos humanos.
Después de 16 años y tras pasar casi la mitad de su vida luchando por repararla, Valentina Rosendo encontró la paz que buscaba y celebró la sentencia en su favor por la violación y tortura que sufrió a manos de miembros del Ejército mexicano.
La historia de Valentina se remonta al 16 de febrero de 2002, en las inmediaciones de la comunidad indígena Me’phaa, en el estado de Guerrero. Con 17 años de edad, la joven había salido a lavar ropa en un rio cuando los militares Nemesio Sierra y Armando Pérez, que realizaban acciones de seguridad en la zona, se acercaron y tras hacerle algunas preguntas la violaron, golpearon y torturaron sexualmente.
Valentina buscó justicia durante 16 años
16 años después, ya con 33 años de edad, la justicia llegó para Valentina: un juzgado local emitió una histórica sentencia de 19 años de cárcel para los culpables. Sierra y Pérez deberán cumplir con una condena inédita en un país que jamás puso tras las rejas a militares que violaran derechos humanos.
Desde 2002 valentina comenzó su periplo en busca de castigo para los violadores y el primer paso fue una negación que parecía adelantar las injusticias posteriores: le negaron atención médica por miedo a verse involucrados en conflictos con las fuerzas armadas.
Un caso que llegó a instancias interamericanas
El caso fue llevado en primera instancia al fuero militar, allí la denuncia interpuesta no prosperó y por ello se llegó al sistema de justicia interamericano. En 2007 Valentina llevó su caso a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), y en 2010 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). Ambas instancias condenaron al Estado mexicano.
En 2010, la Coidh emitió una sentencia ordenando al Estado mexicano 16 medidas de reparación, entre ellas sancionar a los responsables. A raíz de esta recomendación, en 2014 el Gobierno de México modificó el Código de Justicia Militar y estableció que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles deberían ser investigadas por tribunales civiles.
Esta modificación del sistema de justicia militar y la tenacidad de Valentina, que incluso aprendió a hablar español durante todos estos años en los que buscó justicia, fueron las bases para esta sentencia de primera instancia por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero.
La sentencia se dictó el 1 de junio, pero el fallo judicial fue divulgado el 18 de junio, a dos años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Amnistía Internacional calificó al fallo como histórico
«Hoy me siento emocionada, con muchos ánimos para seguir y también acompañar a otras mujeres que han sufrido de violaciones por parte del Gobierno», dijo Valentina tras el martirio que vivió durante todos estos años.
En conferencia de prensa, la directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, calificó de histórico el resultado de la sentencia por reconocer el testimonio de la víctima como elemento probatorio fundamental por encima de la voz militar.
Esta es la primera vez que México sanciona a militares responsables de violar los derechos humanos a raíz de una sentencia emitida por la Corte IDH contra el Estado mexicano, habiendo ignorado hasta la fecha numerosos casos similares.
Según Reneaum, en México existe una tasa de impunidad del 98%, por lo que la resolución del caso de Rosendo resulta una hermosa excepción que, con el paso del tiempo, debe convertirse en norma. AFP/ EFE
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