A través del más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), fue calificada como “ilegal” la detención de 59 colombianos fueron detenidos en la ciudad de Caracas, acusados por el Presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, de tramar una supuesta conspiración para “desestabilizar su gobierno”.

Las víctimas señalaron que fueron detenidos en varias operaciones de seguridad, partes de una OLP, llevadas a cabo en un lapso de varios días entre agosto y septiembre de 2016.

“Mientras les habían dicho que serían deportados, el Presidente Nicolás Maduro los acusó públicamente de pertenecer a fuerzas paramilitares colombianas”, señala el informe.

Asimismo el informe asegura que “todos fueron encarcelados en el mismo calabozo el cual no poseía las condiciones adecuadas” pues no podían observar la “luz natural y recibían poca comida”. Además, “aunque los detenidos tenían problemas de salud, no recibieron el tratamiento ni la medicación adecuada”, añade el mismo.

El 21 de noviembre de 2017, un juez ordenó la puesta en libertad incondicional de dos detenidos que fueron soltados por “razones humanitarias” dado que nunca habían sido objeto de una orden de detención.

La Cancillería colombiana dice que han remitido más de 40 notas diplomáticas a distintas instancias de la Administración venezolana sobre la situación de los detenidos, pero que no ha recibido respuesta a ninguna.

El Heraldo