Los ministros de la Unión Europea prevén aprobar este lunes nuevas sanciones a personalidades próximas al Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, por la crisis en el país y tras la celebración de unas elecciones que la UE no consideró “ni libres ni justas”.

A finales de mayo los ministros ya alcanzaron un acuerdo político para adoptar nuevas “medidas restrictivas” contra Venezuela, mediante la ampliación de la lista de las personas ya sancionadas.

En su opinión, “las prohibiciones y otros obstáculos” a la participación de la oposición, así como el “incumplimiento de estándares democráticos”, la “coacción electoral” y el “acceso desequilibrado a los medios”, llevaron a unas elecciones cuyo resultado a su juicio “carece de credibilidad”.

Está previsto que mañana el Consejo de ministros comunitarios dé luz verde a las nuevas sanciones y detalle quién pasa a engrosar la lista, reseñó Efe.

“En mayo el Consejo tomó clara posición sobre los últimos acontecimientos y dijo que actuaría rápido en ese sentido”, señalaron fuentes comunitarias.

El pasado enero los ministros ya decidieron sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la “represión” en el país, entre ellos su “número dos”, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Estas medidas restrictivas se sumarán así a las impuestas en noviembre, consistentes en un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna” en Venezuela.

La UE siempre ha sostenido que las sanciones “selectivas” no son un fin en sí mismo y que con ellas pretende, sin perjudicar a los ciudadanos, incrementar la presión sobre el Gobierno nacional para que busque una salida democrática a la crisis que vive el país, agrega Efe.

En su última reunión en mayo, los ministros pidieron reconocer la independencia de todas las instituciones venezolanas elegidas democráticamente y especialmente de la Asamblea Nacional, la liberación de todos los presos políticos y la defensa del Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.