La directora de ese centro especializado en América Latina, la venezolana Tamara Sujú, explicó a Efe que la solicitud de esa misión se debe a que las torturas “han sido reincidentes” en el caso de algunas personas.

Este procedimiento es algo permitido en el examen preliminar que realiza el CPI para “las consultas necesarias con autoridades competentes y partes interesadas (familiares y ONG)”, añadió la abogada.

La venezolana, actualmente con asilo político en la República Checa, lleva presentados desde mayo de 2016 cuatro pliegos con denuncias de tortura presuntamente sufridas por más de 600 personas.

Sujú ha entregado hoy en el CPI un quinto pliego con 16 nuevas incidencias de tortura que afectan a 44 víctimas directas, sobre todo militares y algunos civiles relacionados con ellos.

Recordó que en este momento hay en Venezuela 82 militares encarcelados y aseguró que la mitad de ellos han sido torturados.
Sobre el nuevo pliego, Sujú precisó que “en varias incidencias prevalece el crimen de violencia sexual, con una violación y varios intentos de violación”.

Esta violencia, que consiste en poner alfileres y otros objetos de metal en pezones o testículos de los detenidos o rajarles las plantas de los pies, se utiliza “para obtener acusaciones falsas contra militares y líderes de la oposición”, señaló la venezolana.

También se han entregado tres denuncias sobre desaparición forzada de personas, así como contra la “nueva cadena de mando” responsable de torturas durante 2018. AFP