Con el cierre de la instrucción, la causa contra la cúpula del movimiento independentista se queda a las puertas del juicio que, según la prensa española, debería empezar el próximo octubre.

Un total de 25 líderes independentistas están procesados en esta causa por su implicación en el intento de secesión de esta región cuyo Parlamento declaró fallidamente la independencia el 27 de octubre.

De ellos, 13 están acusados del grave delito de rebelión y se arriesgan a penas de hasta 25 años de cárcel.

Nueve de ellos ya están en prisión preventiva, mientras que otros cuatro marcharon al extranjero y están reclamados por la justicia española, como es el caso del expresidente Puigdemont, objeto de un proceso de extradición en Alemania.

A pesar de que no podían asistir a las sesiones parlamentarias, algunos mantenían su cargo de diputado tras haber sido elegidos en las elecciones regionales del 21 de diciembre, y delegaban su voto en compañeros de partido.

Con la suspensión cautelar ordenada por Llarena al cerrar el sumario de la instrucción, los independentistas deberán reemplazarlos por otros colegas si quieren mantener la justa mayoría absoluta en el Parlamento regional (70 de 135 escaños).

“Esta decisión describe el nivel de calidad democrática del Estado. Los votos de los ciudadanos, quebrantados por una ‘justicia’ que continúa haciendo política”, tuiteó Puigdemont, a quien Llarena declara “en rebeldía” junto al resto de líderes que están en el extranjero.

La decisión judicial llega un día después de la primera reunión oficial entre el nuevo jefe de gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional Quim Torra, en la que se comprometieron a intentar normalizar las relaciones entre ambas administraciones a pesar de sus discrepancias sobre el derecho a la autodeterminación de la región.

AFP