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24 de noviembre de 2024
(AFP)Los desplazamientos forzados en Colombia se dispararon en el primer semestre de 2018 por causas vinculadas al conflicto armado y ya superan el total del año pasado, denunció este martes la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
Entre enero y junio pasados el organismo encargado de velar por los derechos humanos registró 55 eventos de desplazamientos masivos que afectaron a «17.825 personas (5.262 familias)» en 11 departamentos, indicó en un comunicado.
Esto «representa un aumento significativo en las tendencias del desplazamiento forzado y las afectaciones a la población, teniendo en cuenta que en todo el 2017 se desplazaron 12.841 personas», destacó.
La mayoría de desplazados son campesinos, indígenas y afrocolombianos, dijo la delegada para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría, Ingrid Rusinque, a periodistas.
El organismo hizo un llamado al gobierno «para que refuerce la implementación de medidas integrales de protección, asistencia, reparación y restablecimiento de derechos fundamentales a las poblaciones afectadas».
La zona más castigada es la subregión del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde se han desplazado 9.686 personas (2.986 familias), casi la mitad del total de víctimas, en 20 eventos masivos.
El convulso Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es la segunda zona con más narcocultivos del país.
Rebeldes del ELN, reductos de la disuelta guerrilla maoísta EPL y bandas narcotraficantes se disputan el control territorial. Además de las rentas ilegales derivadas de los narcocultivos, según las autoridades.
Además, en la cuenca del Pacífico -que incluye los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño- se registra el 20% de total de víctimas (3.620 personas).
El Pacífico colombiano -disputado por el ELN, disidencias de las FARC, bandas de origen paramilitar y narcotraficantes- es la principal ruta de salida de los cargamentos de cocaína a Estados Unidos, principal consumidor mundial de esta droga.
Confinamientos
Además del desplazamiento, en el primer semestre del año, miles de personas han sido víctimas de confinamiento, una práctica a través de la cual grupos armados restringen el derecho a movilizarse o las comunidades se ven obligadas a hacerlo para proteger sus vidas.
Durante este periodo, 11.213 personas de 66 comunidades en seis departamentos, pertenecientes «principalmente a los grupos étnicos», han sufrido este fenómeno, señaló la Defensoría.
«Son personas que ven restringidos sus derechos al acceso a movilizarse, a tener la seguridad alimentaria garantizada y por supuesto los niños y niñas poder ir a las escuelas», explicó la delegada Rusinque.
Colombia vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes con saldo de unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Aunque la firma de la paz a finales de noviembre de 2016 con las FARC, la otrora organización insurgente más poderosa de América, alivió los enfrentamientos, en el país persisten y se sobreponen varias esferas de violencia financiadas por el tráfico ilegal de drogas y la minería ilegal, principalmente.
La prolongada y sangrienta conflagración ha provocado el desplazamiento de 7,7 millones de personas, lo que convierte a Colombia en el segundo país con más desplazados internos, por detrás de Siria (12 millones), según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Tras décadas de persecución al narcotráfico, el país sudamericano sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Hasta 2017 había 209.000 hectáreas sembradas con la materia prima de esta droga, una cifra récord, señaló un reciente informe de Estados Unidos.
Compendio: María Teresa Amaya/ Diario La Nación
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