Parte I. “Salario Mínimo Vital”: mandato constitucional (artículo 91).
No se debe seguir dando legitimidad ni legalidad al salario mínimo
gubernamental debido a que en esencia es inconstitucional por
violentar en particular el artículo 91 de la Carta Magna que establece
el “Salario Mínimo Vital”. Entonces lo que debemos posicionar es un
salario mínimo muy superior a los 190 millones de bolívares (de

acuerdo a la tendencia del INPC según los propios criterios de
ponderación del BCV) o de más de 300 millones de bolívares en
función del valor de la canasta alimentaria presentada por el CENDAS-
FVM. Pero en cualquier caso nunca los 3 millones de bolívares que
pretende el gobierno seguir haciendo como oficial y cierto.
Parte II. “Esclarecimiento de los problemas…”: mandato LU (artículo
2).
“Dado el mandato establecido en la Ley de Universidades (LU),
presentar por parte de FAPUV en las diferentes instancias gremiales,
gubernamentales y en general del Estado venezolano donde sea
posible:
a) La metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente
(IPAP) como una alternativa viable, factible y sustantiva de solventar
los desequilibrios a nivel individual de los trabajadores y de la
economía a nivel macro;
b) La propuesta de un Plan Integral de Reconstrucción Universitaria
(PIRU) con impacto positivo sobre la reconstrucción y reactivación del
país”.
Parte III. Agravamiento y solución de la problemática nacional: IPAP-
PIRU
En la teoría de los ciclos económicos las alzas y bajas son normales y
hasta rutinarias en la actividad económica. No obstante para el caso
venezolano la tendencia negativa se mantendrá de forma
indeterminada, pero no necesariamente por culpa de los
contrabandistas, los gestores de los centros de acopio de combustible
o por otros agentes económicos, sociales y políticos que obtienen su
bonanza o burbuja económica al administrar a sus conveniencias el
“hambre” del pueblo; es decir, manipulan la escasez del dinero en
efectivo y loa productos de primera necesidad a través del juego
perverso que ejercen con la inflación y devaluación para obtener
ganancias extraordinarias a costa de la pobreza y miseria del resto de
la sociedad.

Y cuando se afirma que no son los culpables directos o de raíz es
porque ellos también son consecuencia del modelo imperante, o en
otras palabras se han aprovechado del enorme vacío y desorientación
de la “Economía Política” implementada en el país, la cual en esencia
se ha manejado y aplicado de forma contradictoria, y en todo caso ha
sido producto de la preponderancia de las “trampas éticas” o de la
“antiética en la política” por parte de diferentes sectores, los cuales le
han dado prioridad a sus objetivos individuales en detrimento del
beneficio y calidad de vida real de toda la población venezolana de
manera integral y permanente en el tiempo.
Adicionalmente, es un hecho cierto y verídico que el gobierno nacional
aplicó la metodología del miedo y de la criminalización de la protesta,
pero también los supuestos líderes de la oposición desgastaron con
falsas expectativas el accionar cívico de los venezolanos. Entonces
son las “leyes económicas las que harán justicia”. Con los mismos
patrones insensatos de conducta se han sembrado rutinas malsanas
en el sistema multidimensional del país, que son tan análogas como
aquel conjunto de eventos que van conformando una tormenta
perfecta o la fatalidad indetenible de un tsunami; y lamentablemente
en nuestra situación con afectación directa sobre todos los eslabones
de la economía y con mayor grado de irreversibilidad en lo social y
ético.
Porque si en esencia nada ha cambiado y por el contrario todo lo
perjudicial se ha arraigado, entonces no existen razones para que se
neutralice y revierta el actual panorama de tragedia nacional, al
contrario todo seguirá agravándose: soledad y tristeza es la constante
que se distingue con crudeza y crueldad de manera absoluta en todo
el país.
Sin embargo, la alternativa de solución se afinca en cambiar la
orientación de la Economía Política. En tal sentido, entre las
resoluciones emanadas de la reunión de Junta Directiva de FAPUV
realizada el 19-07-2018 se acordó ( https://bit.ly/2A2B9H2 ):

“Dado el mandato establecido en la Ley de Universidades, presentar
por parte de FAPUV en las diferentes instancias gremiales,
gubernamentales y en general del Estado venezolano donde sea
posible:
a) La metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente
(IPAP) como una alternativa viable, factible y sustantiva de solventar
los desequilibrios a nivel individual de los trabajadores y de la
economía a nivel macro;
b) La propuesta de un Plan Integral de Reconstrucción Universitaria
(PIRU) con impacto positivo sobre la reconstrucción y reactivación del
país”.
(Pedro Morale). Docente Universitario. [email protected];
@tipsaldia

 

 

Pedro Morales